Por Antonio Murillo Reyes
La devaluación de la moneda nacional con relación al dólar vine sucediéndose cada vez a un mayor ritmo producto del agotamiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la consecuente imposibilidad del Banco Central de Bolivia (BCB) de intervenir en el mercado de divisas para moderar la cotización del dólar.
El mercado, que somos todos, está definiendo el precio de dólar más allá de Bs8.0 (precio es lo que hay, sino intente comprar dólares al tipo de cambio oficial). Con relación a esta cotización, la devaluación es de 14.94%, en un contexto de déficit en balanza comercial en 2023, déficits fiscales históricos e incremento del riesgo país. La devaluación realizada por el mercado se acerca al máximo valor del tipo de cambio observado entre junio de 1985 y junio de 2005: Bs 8.1126.
La falta de dólares, su encarecimiento y la expectativa de una mayor devaluación, alimentada por la incapacidad del BCB de administrar el tipo de cambio, puede llevar a la economía a una situación de desaceleración y en el caso más extremo a una contracción.
La escasez de dólares puede ocasionar una retracción de la oferta productiva, esto porque, es necesario un medio de cambio para realizar importaciones de insumos básicos y de bienes de capital, bienes de cuyo ritmo de acumulación depende la productividad de una economía y el nivel de los salarios reales. El impedimento para el crecimiento del sector exportador significa un agravamiento del problema porque es quien provee dólares al sistema, provisión que puede verse desalentada por el diferencial de precio del dólar entre el mercado oficial y paralelo que intensifica el crecimiento de este último.
Adicionalmente, esta situación de incertidumbre podría contraer también el consumo a medida que las personas sustituyan moneda nacional por moneda extranjera para atesorarla. Este accionar, que es característico cuando el público desconfía de una moneda y percibe, adicionalmente, que la economía se encuentra en un proceso de desaceleración, lleva al público a revisar sus patrones de consumo, en principio los de orden suntuario por ser prescindibles. Si el dólar sigue subiendo de manera sistemática, los agentes dolarizados tendrán un menor incentivo a vender sus dólares para consumir o invertir por temor a perder con la suba del dólar, conducta que le restaría impulso al crecimiento.
Además de lo anterior, la pérdida de maniobra del BCB sobre el dólar podría traer de regreso el vínculo entre el tipo de cambio y la inflación, más aún con expectativas de devaluación. En condiciones normales, un incremento de la tasa cambiaria, al encarecer los bienes importados, generaría únicamente un reacomodamiento de los precios relativos y no un incremento generalizado de ellos, siempre y cuando no se disponga la expansión de la cantidad de dinero. No obstante, con el precio del dólar en permanente ascenso, sin reservas para corregir movimientos no deseados y un marco macroeconómico de crisis, el público se vería motivado a indexar a esta moneda los precios de los bienes y servicios de toda la economía y no únicamente aquellos de origen importado, lo que podría resultar en un proceso inflacionario, pese a los subsidios que malversan el sistema de precios. Sería el retorno del tipo de cambio como “ancla inflacionaria”. O sea, la función de los precios como mecanismo de transmisión de señal, coordinación y ajuste estaría guiada por la cotización del dólar sobre la cual el BCB ha perdido toda administración.
Asimismo, la inflación sería impulsada por el incremento de los costos de producción, explicados por un mayor nivel de tipo de cambio y los incrementos actuales de tasas por transferencias al exterior cobradas por los bancos comerciales.
Otro elemento de suma preocupación tiene que ver con la menor capacidad de responder con nuestros acreedores externos. Si, en esta gestión, no se observa un repunte significativo de las RIN, podría darse una situación de eminente riesgo de default, es decir de imposibilidad de cumplir con nuestras obligaciones externas. En 2023, la deuda pública externa alcanzó a $us 1,490 millones, cifra que representa el 82.4% de las RIN al 31 de diciembre de ese año, incluyendo el oro.
La economía de Bolivia transita por un proceso de franco decaimiento. En medio de menores precios de los bienes de exportación, pero con el empuje de la demanda interna, impulsada por la política fiscal expansiva, financiada sustrayéndole a la gente parte de sus ingresos, que a su vez viene siendo respaldada por una política monetaria (que perdería su capacidad de transmisión si la economía comienza a dolarizarse, escindiéndose) de igual orientación, el crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2023 retrocedió con relación al observado en 2022 en similar periodo (2.02% y 4.57%, respectivamente, de acuerdo con información del INE).
La posibilidad de caída en la actividad se ve reforzada por el desdén y perjuicio manifiesto hacia la actividad privada. Por ejemplo, el manejo y pensamiento artesanal de la economía lleva a este gobierno a imponer cuotas de exportación para algunos bienes, bajo la premisa de estabilidad de precios domésticos. Algo así, además de ser una afrenta a la propiedad privada, restringe el flujo de entrada de divisas, pasa por alto otros medios de política económica para evitar la caída del poder adquisitivo de los salarios y contrae la inversión privada que arriesga recursos propios. Está a las claras que la actividad empresarial del gobierno, que arriesga recursos generados por el esfuerzo ajeno, ha fracasado.
Después de varios años de gobierno masista, finalmente la crisis económica ha emergido y se muestra a los ojos de todos. Una cosa ha sido anunciarla, otra es que la gente la esté viviendo. Hacer más de lo mismo es profundizar el problema, habría que desandar los pasos que nos han traído a este estado de cosas, pero el gobierno parece afincarse en “su modelo” -que ha llevado la deuda pública a casi el 80% del PIB- defendido con religiosidad por sus acólitos impregnados de socialismo y de animadversión a la propiedad privada, muy especialmente cuando es exitosa. Es así como, no se avizora un cambio de dirección por la fuerza del dogma económico enraizado en el pensamiento estatista más cerril que se mantiene contra todo dato o evidencia. Por tanto, lo más previsible es que continúen imbuidos de un marco teórico de corto plazo, devenido del pensamiento keynesiano que a ciegas manifiesta que el incremento de la inversión pública, tiene como correspondencia niveles crecientes de producto. El problema del sector público es que no tiene sistema de precios como medio de transmisión de señal que le permita hacer más eficientes las inversiones de acuerdo con las preferencias de los consumidores expresadas en los precios.
Particularmente, acerca de la situación de las RIN, el gobierno no ofrece soluciones que produzcan un recambio en las expectativas que lleven a una reversión de la situación presente. Sin dólares para encauzar la política cambiaria, el gobierno parece estar empeñado en una campaña comunicacional que pretende, falsamente, instalar que los bancos comerciales se niegan a vender esta divisa, pese a que, según ellos, el BCB se la estaría proveyendo de manera fluida. Esta parece extenderse a los exportadores que están siendo tildados de especuladores y a la Asamblea Legislativa por negarse a aprobar más contratación de deuda externa. Cabe preguntarse, cuánto de ella podría llegar a ser saldada a través de sus propios rendimientos.
El relato económico está también agotado. Se terminó el tiempo de la posverdad ahora que las grietas se presentan de manera inexorable. Como la economía está urgida de dólares, el gobierno haría bien en comenzar la reestructuración levantado las restricciones a las exportaciones y ajustando el gasto fiscal que los consume e impulsa además el consumo importado por medio de la apreciación real sistemática de la moneda.
Antonio Murillo Reyes es economista y Director Ejecutivo de Econometrics Consulting
