El abogado Carlos Romero aseguró este sábado que el comparendo de testigo emitido por la presidente del Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz, Inés Tola Fernández, en contra de Evo Morales dentro del caso Zapata, es un hecho político supuestamente manejado por los ministerios de Justicia y de la Presidencia para tapar la auto prórroga de los magistrados del Órgano Judicial.
Según Romero, el expresidente no recibió ninguna notificación formal y que la amenaza de aprehensión a Morales en caso de no presentarse es parte de un libreto preparado por la ministra Gabriela Alcón para crear un escenario ficticio.
Caso Zapata: una polémica persistente
El caso Zapata se refiere a la polémica información surgida en febrero de 2016 sobre la relación sentimental entre Morales y su exnovia Gabriela Zapata Montaño, donde inicialmente se atribuyó al expresidente ser padre del supuesto hijo. El caso sigue abierto e investiga el presunto delito de Trata de Personas.
Romero afirmó que Morales es denunciante y se habría sometido a exámenes de ADN para demostrar que no es el padre, pero la defensa de Zapata obstaculizó las pruebas científicas. Sin embargo, finalmente confesaron que todo fue una mentira motivada por dinero con el objetivo dañar públicamente la imagen de Evo Morales.
El abogado manifestó su tristeza por la forma en que el gobierno nacional de Arce Catacora, a través del ministro de Justicia, está operando y creando comparendos para desviar la atención sobre los bloqueos. Considera que estas acciones son patrañas utilizadas para tapar el malestar del pueblo boliviano debido a los magistrados auto prorrogados que han protagonizado un golpe judicial por instrucciones del ministerio de Justicia.
Gobierno protege a magistrados ilegales
Romero señaló que el gobierno utiliza el caso Zapata como una carta desesperada para proteger aquellos que ejercen ilegalmente el cargo como magistrados, lo cual ha generado rechazo tanto en la población como en la Relatora de las Naciones Unidas, quien se pronunció sobre la necesidad de realizar elecciones judiciales para sustituir a los actuales magistrados del Órgano Judicial.
