La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) anunciaron este viernes que buscarán una sentencia firme en el caso del asesinato de Juana Quispe, después de la condena en primera instancia a 30 años de prisión contra sus agresores, quienes aún tienen derecho a apelar.
Pena máxima para los agresores de Juana Quispe
El jueves, un tribunal en La Paz dictó la pena máxima en Bolivia, 30 años de prisión, contra el exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca y el exconcejal Pastor Cutili. Además, se impusieron 15 años para la exconcejala Basilia Ramos y dos años para Exalta Arismendi por encubrimiento. Este crimen ocurrió en 2012.
Esperando una sentencia ejecutoriada sin derecho a indulto
«Esta sentencia no es firme; falta su ejecutoria (…) falta la apelación restringida o el recurso de casación», declaró Maritza Suntura, delegada de la Defensoría del Pueblo en La Paz, durante una rueda de prensa junto a Acobol. Suntura recordó que desde el inicio del juicio oral el año pasado, la entidad garante de los derechos humanos ha acompañado todas las audiencias y continuará hasta que el proceso finalice con una sentencia ejecutoriada y sin derecho a indulto.
Seguimiento al proceso de apelación
«Los acusados aún pueden apelar. Invocamos y pedimos a todas las instituciones hacer seguimiento (…) vamos a estar pendientes de todo este recorrido y lo que viene», señaló Josefina Velásquez, representante de Acobol.
Caso emblemático que generó una ley contra el acoso político hacia mujeres
Suntura y Velásquez destacaron que el caso de Quispe es emblemático, ya que generó las condiciones para la promulgación de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, vigente desde 2012.
El asesinato de Juana Quispe y su lucha por ejercer su cargo
El asesinato de Quispe ocurrió cuando era concejala del municipio Ancoraimes en La Paz. Denunció que no le permitían ejercer su cargo después de ganar las elecciones subnacionales de 2010. La mujer obtuvo su puesto con un partido diferente al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), del entonces alcalde Félix Huanca, y según dijo, comenzó a ser víctima de acoso y violencia impulsados por el mismo funcionario.
La concejala ganó una acción judicial para que le permitieran trabajar, pero Huanca y otros exconcejales incumplieron y ella los demandó penalmente por desobediencia a órdenes de amparo, lo que provocó amenazas de muerte. El 12 de marzo de 2012, dos días antes de la audiencia conclusiva por la demanda penal, Quispe llegó a La Paz para asistir a una movilización en la que también estaría presente Huanca. Luego fueron a almorzar y no se supo más de ella. Al día siguiente encontraron su cuerpo cerca de un río en La Paz con señales de estrangulamiento.
Pocas sentencias relacionadas con acoso y violencia política hacia mujeres
La Defensoría del Pueblo y Acobol señalaron que desde 2012 solo ha habido unas cuatro sentencias relacionadas con denuncias por acoso y violencia política hacia mujeres en cargos políticos. Además del caso Quispe, dos víctimas son concejalas y las otras son legisladoras departamentales o nacionales. Las denuncias por acoso y violencia política suman 600, de las cuales 160 se registraron en 2020, 76 en 2021 y 41 el año pasado.
Presiones y hostigamientos contra concejalas
Una de las manifestaciones recurrentes de estos delitos en zonas rurales es la llamada gestión compartida, mediante la cual las mujeres electas renuncian a sus cargos basándose en acuerdos forzosos para que un hombre las reemplace. Velásquez señaló que también existen otras formas de presión cuando las concejalas realizan su labor de fiscalización a la gestión en sus municipios y denuncian irregularidades, lo que provoca hostigamientos en su contra. Además, el resto de las autoridades relega o no toma en cuenta a las autoridades mujeres que hacen seguimiento a las acciones administrativas, lo que hace que ellas se sientan cohibidas para realizar esa labor.
