El presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a múltiples demandas judiciales tras la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca llevar a cabo una desregulación económica en Argentina.
La primera demanda se presentó al día siguiente del anuncio de Milei, donde se revelaron más de 300 reformas contenidas en el decreto, el cual debe ser aprobado por el Congreso Nacional, donde la ultraderecha oficialista carece del apoyo suficiente. Varias organizaciones sociales y sindicales han planteado la nulidad del decreto 70/2023 argumentando que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo para tomar estas medidas económicas severas. Desde entonces, las demandas y peticiones de inconstitucionalidad contra el decreto han aumentado considerablemente.
Acusaciones de violación a la división de poderes
Algunos denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando «sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes». Otros denunciantes también acusan al Gobierno de pretender avanzar con una estrategia demolición sobre la sociedad argentina y solicitan suspender los efectos del DNU por considerarlo inconstitucional y antidemocrático.
Ministro defiende legalidad del decreto
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, considera que el decreto de desregulación económica es completamente legítimo. Reconoce que puede haber reparos por parte de sectores opositores pero afirma no tener dudas sobre su legalidad. El ministro confía en que será la Justicia quien analice imparcialmente el DNU.
Recursos presentados ante la justicia
Los recursos presentados contra el decreto comenzarán a tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo, aunque también podrían enfrentarse a demandas en otros tribunales del país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal argentino, podría eventualmente fallar en contra del decreto. Hasta ahora, la Corte Suprema se ha pronunciado dos veces sobre los decretos de necesidad y urgencia, destacando la necesidad de validación por parte del Congreso y su carácter excepcional.
Búsqueda de apoyo político para el DNU
Mientras tanto, el Ejecutivo busca aliados en la Cámara de Diputados para lograr tramitar políticamente este controvertido DNU. En las calles, diversas organizaciones sociales como la Confederación General del Trabajo (CGT) ya han convocado movilizaciones en contra del decreto de Milei. El miércoles pasado, el anuncio fue recibido con «cacerolazos» en Buenos Aires y otras ciudades del país.
Incertidumbre sobre entrada en vigencia
Aunque sancionado por el mandatario ultraliberal hace una semana, aún no se sabe cuándo entrará en vigencia esta reforma total de la economía argentina que propone privatizar más de sesenta empresas públicas y derogar leyes como la de alquileres o autorizar la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas.
Fuente: EFE
