La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) denunció este miércoles 20 de diciembre de 2023 que la gasolina y el diésel que llegan al país para su comercialización no cumplen con los estándares internacionales de calidad, y que el Gobierno ocultó deliberadamente esta información.
Según aseguró la diputada Luciana Campero, previamente ya se había denunciado que durante los contratos para la importación de carburantes se omitían los certificados de calidad de origen y los certificados del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), dos requisitos fundamentales en este proceso.
Análisis revela niveles excesivos
Fue así como se recurrió a laboratorios extranjeros para realizar análisis tanto de la gasolina como del diésel que llega a Bolivia. Los resultados obtenidos por diez entidades demostraron que ambos combustibles presentan niveles excesivos de azufre, superando ampliamente los estándares internacionales de calidad.
Efectos negativos en transporte y economía
En relación a esto, la senadora Andrea Barrientos manifestó que este debería ser motivo de preocupación para todos, ya que el combustible de mala calidad afecta no solo al transporte público, sino también a cualquier persona particular que posee un vehículo para trabajar, desplazarse o cualquier otra finalidad. «Imaginen el gasto adicional para un automóvil con menos de tres años, al cual hay que cambiarle inyectores, bujías y otros componentes; lo mismo ocurre con las personas comunes y corrientes que apenas pueden permitirse comprar un vehículo. Esto representa un daño sin precedentes para la economía boliviana», aseguró la senadora perteneciente a la oposición.
Invitación a YPFB para muestreo
En ese sentido, invitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a realizar un muestreo aleatorio de gasolina y diésel para comprobar los niveles de azufre, y que expliquen a la población por qué se está afectando no solo a los vehículos, sino también a la salud de las personas.
Potenciales acciones legales
La diputada Luisa Nayar precisó que las emisiones de estos carburantes están causando un grave daño al medioambiente, por lo tanto, no descartó que se tomen acciones legales contra los funcionarios de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Los delitos serían daño al medioambiente, daño económico al Estado, incumplimiento de contratos y contratos perjudiciales para el Estado. Aunque Nayar adelantó que es probable que el sistema judicial intente obstaculizar los procesos legales, aseguró que la bancada de CC no descansará hasta esclarecer este tema.
