La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió un comunicado en el que condena la violencia e inseguridad jurídica, solicitando que se aplique todo el rigor de la ley contra los avasalladores. Además, pidió la creación de un registro público para identificar a las personas involucradas en ocupaciones ilegales de propiedades privadas y fiscales.
En dicho comunicado, expresaron su preocupación por el aumento de la violencia y la inseguridad jurídica en Bolivia. Mencionaron que los ataques armados y las amenazas con armas de fuego se han vuelto recurrentes, poniendo en riesgo la convivencia pacífica. Exigieron que esta tendencia alarmante sea atendida con seriedad y acciones decididas por parte de las autoridades correspondientes.
Gobierno advierte consecuencias para quienes incumplan la ley
Por su parte, el Gobierno ha advertido que no tolerará ninguna actividad delictiva y que aquellos que cometan delitos o incumplan la ley enfrentarán las consecuencias correspondientes.
Solicitud de creación de registro público para identificar ocupantes ilegales
Sin embargo, desde la CAO instaron a la creación de un registro público para identificar a individuos que hayan participado en ocupaciones ilegales de propiedades privadas y fiscales. Esto tiene como objetivo asegurar que estas acciones no queden impunes y evitar recompensar o legitimar tales prácticas.
Compromiso de la CAO con la protección de vida y propiedad privada
Además, destacaron su compromiso inquebrantable hacia la protección de la vida y propiedad privada, así como también hacia la seguridad de las tierras fiscales y áreas de conservación. Consideran este compromiso esencial para preservar el legado boliviano para futuras generaciones.
Llamado a una acción firme y diligente por parte de las autoridades
«Estamos en un momento crucial donde se requiere una acción firme y aplicación diligente de la ley. Apelamos a las autoridades para que respondan con la diligencia que la situación amerita», concluyeron en el comunicado.
