Jahir Dabroy/Latinoamérica21
Guatemala vive una situación de fuerte tensión como no se había registrado desde hace ya varias décadas. Es una situación creada por una clase política tradicional que estiró la cuerda lo más que pudo y parece ser que está a punto de reventarla. Fueron varios los hechos que conllevaron a lo que sucede hoy en el país; para empezar, mediante disposiciones arbitrarias disfrazadas de legales, no hemos contado con una renovación de cortes en casi cuatro años. Argumentos superfluos, como que no se han discutido lo suficiente en el Congreso de la República los perfiles de quienes integrarían el sistema de justicia, conllevaron a afianzar a una clase política tradicional acostumbrada desde la transición democrática en 1985 a hacer las cosas mediante el soborno, las sobrevaloraciones y las transas, y a ocupar espacios determinantes en los tres poderes del Estado, a lo que algunos han llamado “pacto de corruptos”.
A esto se sumó un Ministerio Público (MP) que ha actuado mediante una política de persecución a cualquier voz que discrepe de esta alianza, lo que ha provocado que un número significativo de personas, entre periodistas, comunicadores, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos, se encuentren hoy en el exilio o privados de su libertad. La razón parece ser una especie de péndulo mejorado de lo que hizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), hasta el año 2019, en ese momento una persecución con cosas de fondo pero sin muchas formas hacia algunos actores del statu quo. El resultado fue una alta polarización social, con sentimientos de clase muy enarbolados entre lo que primariamente muchos comprenden como izquierda y derecha, sin análisis muy sesudos, pero que son utilizados para justificar acciones y discursos de uno u otro bando.
Hay que recordar también cómo llegamos a inicios de 2023. En ese momento hubo un alto cuestionamiento a las autoridades electorales, en específico al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por una serie de interpretaciones muy particulares del ordenamiento jurídico-normativo relacionado con el ámbito electoral, que implicó la no inscripción de candidatos. Ese fue el caso del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), por supuestamente no contar su candidato vicepresidencial, Jordán Rodas, con el finiquito correspondiente al haber sido Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y quien tuvo desde ese cargo una relación poco cercana a la clase política tradicional del país.
Está también el caso del partido Prosperidad Ciudadana (PC), al que nadie tenía en el radar, hasta que en la primera encuesta seria del país apareció encabezándola, probablemente por su buen manejo de redes sociales y la cercanía que demostraba con la gente. A pesar de que su candidato presidencial no era necesariamente muy distinto en términos ideológicos, no era un personaje que fuese fácil de controlar para esta clase política que hemos venido comentando; como resultado, surge una denuncia de que su asamblea general no había sido realizada en ley, y por lo tanto todas sus demás asambleas quedan anuladas. En total, 1 351 candidatos no pudieron participar para diferentes cargos de elección y el candidato Carlos Pineda, que encabezaba las encuestas, sale del proceso electoral. Llama la atención que fue Manuel Baldizón, excandidato presidencial, condenado en EE.UU. por lavado de dinero y quien queda en libertad en el año 2022, quien fue el ciudadano que presentó esa denuncia.
Hay otros casos, como no haber dejado participar a Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú (QEPD), a quien se le señaló de campaña anticipada. Algo que prácticamente hicieron todos los candidatos el último año, disfrazándola de campañas de afiliación y retorciendo la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85), fueron sumando para lo que se anticiapaba como puntos de conflicto y dificultades para afrontar el proceso electoral que se desarrolló a partir de enero del 2023 con la convocatoria a elecciones.
Pese a todo, el 60.08% de los guatemaltecos decidimos ir a votar el 25 de junio, con varios candidatos fuera de ser opciones dentro del menú político que se nos presentaba para elegir. Discursos de la clase política tradicional bastante conservadores, amparados en una falsa cristiandad (los verdaderos cristianos no roban), se presentaban como opciones para mantener una línea conservadora en el país, sin más sustento ideológico que el mercadeo político de una figura, ni siquiera de un proyecto político.
El resultado fue que en las elecciones presidenciales el primer lugar lo obtuvo el voto nulo, con el 17.38%, lo que evidencia el rechazo a la mayor parte de los políticos tradicionales del país. Luego, Sandra Torres (15.86%), de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), un partido que en sus orígenes fue socialdemócrata y hoy es un catch all party más, pero con la mayor estructura partidaria a nivel nacional, y Bernardo Arévalo (11.77%), de Movimiento Semilla, un partido de centroizquierda progresista, que no se tenía en el radar de analistas y políticos, pasaron al balotaje.
A partir de ese momento se comenzaron a cuestionar los resultados electorales. Bernardo Arévalo era un personaje incómodo, pues pertenece a un partido pequeño y nuevo, que ha tratado de alguna manera ser distinto del resto de los políticos tradicionales; en algunas cosas lo ha logrado, en otras no tanto, pero obviamente no es parte del eje de partidos políticos tradicionales.
En segunda vuelta se confirma la victoria de Arévalo (58.01%) sobre Torres (37.24%), lo que da como resultado una serie de acciones de parte del MP para intentar desprestigiar el proceso electoral, que tuvo su punto de no retorno el 1 de octubre cuando retiran del TSE las actas que contienen el trabajo de los órganos electorales temporales, que son conformados por ciudadanos respetables y voluntarios de los diferentes departamentos y municipios del país, en un mecanismo en el que los votos son contados de manera pública delante de los fiscales de los partidos políticos.
Lo que se mencionaba es la existencia de un plan de parte de las actuales autoridades gubernamentales, en coordinación con los otros dos poderes del Estado y una Corte de Constitucionalidad bastante afín, para anular el proceso electoral y repetirlo con candidatos que generen comodidad a la clase política tradicional, cancelando el Movimiento Semilla por una investigación por tema de firmas falsas en sus afiliados para constituirse como partido (irónicamente denunciada por el propio Bernardo Arévalo), pasando por un interín de elección de alguno de sus personajes para que durante un tiempo se encargue de dirigir los destinos del país como presidente provisional.
Esto generó que, a partir del 2 de octubre, se desarrollaran una serie de bloqueos iniciados originalmente por la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán para pedir la destitución de la actual Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, y del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche. Con el paso de los días, diferentes actores y sectores se han sumado a lo largo del país. Se han llegado a contabilizar más de 190 bloqueos, donde se debe hacer mención que no se conocen casos de represión por parte de la fuerza pública.
Sin embargo, sí es evidente la ausencia de liderazgo de parte del presidente Alejandro Giammattei para intentar buscar mecanismos inmediatos de resolución del conflicto. Pasaron cerca de ocho días para que apareciera en un mensaje en cadena nacional, donde habló de lo que inevitablemente pasaría, algunos saqueos cometidos por infiltrados, el abuso de los bloqueos para limitar el derecho constitucional de la libre locomoción, la escasez de productos y su inminente encarecimiento, entre otros.
De parte del gobierno central se solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) su participación para intentar lograr un acuerdo entre las partes cinco días después. A pesar de la alta calidad de las personas enviadas, lo que se observa es que no hay claridad en con quién negociar. 48 Cantones no lidera a nivel nacional los bloqueos, pues muchos surgen de forma espontánea y con apoyo popular. Por el otro lado, la petición inicial de renuncia para la Fiscal General del MP ni siquiera ha sido mencionada por el presidente Giammattei, y ella misma ha dicho que no dejará el cargo.
Como hizo mención el internacionalista guatemalteco Roberto Wagner, cada grupo está en su trinchera y no quiere salir de ella, sin disposición de negociación; a lo que se suma un presidente electo, Bernardo Arévalo, que no da muestras de hacer un llamado al diálogo inmediato y a liderar una transición mucho más ordenada, considerando que los bloqueos al final de cuentas generan una afectación de país, y dan muestra de la primitiva forma de hacer política en la que ha caído Guatemala, donde se reclaman derechos de unos sacrificando los de otros.
Jahir Dabroy es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno de Guatemala. Doctor en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Especializado en temas sociopolíticos de Guatemala y América Latina.
