Renata de Melo Rosa/Latinoamérica21
Brasil preside el Consejo de Seguridad de la ONU y aprueba resolución para abordar la crisis en Haití
Brasil asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado lunes, 2 de octubre. En el primer día laborable de su mandato, se aprobó la Resolución 2699 (2023), con la abstención de Rusia y China. Esta resolución autoriza el despliegue de un contingente militar de Kenia para apoyar a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las bandas armadas que controlan los barrios de la capital, Puerto Príncipe, desde hace al menos dos años. Los ataques se intensificaron a finales de 2021 y se politizaron con el déficit democrático que generó el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de ese año.
La polémica resolución de Brasil y el conflicto fronterizo en la República Dominicana
Es lamentable que la diplomacia brasileña haya sometido a votación, en su primer día en la presidencia del Consejo de Seguridad, una resolución cuestionablemente realizada a instigación de la República Dominicana. Este país está construyendo un muro para detener el flujo de migrantes del país vecino e impide a los haitianos el acceso al agua del río Masacre, en la frontera entre Dajabón y Ouanaminthe, en su día escenario del mayor genocidio de la historia del Caribe en 1937, cuando más de 30.000 haitianos fueron cruelmente ejecutados por el gobierno dictatorial y racista de Trujillo.
Brasil, Jamaica y Guyana: Intereses y cuestionamientos en la Resolución del Consejo de Seguridad
La literatura sobre relaciones internacionales no tiene constancia del interés de Kenia por Haití. De repente, este interés fue sancionado en el Consejo de Seguridad con el apoyo de Jamaica y Guyana, todas ellas antiguas colonias o todavía colonias (en el caso de Jamaica que forma parte del Commonwealth y reconoce la autoridad de la monarquía británica) de Inglaterra. No logramos entender las directrices de la política exterior de Brasil: ¿por qué apoyar, someter a votación y votar a favor de una Resolución basada en el Capítulo VII de la Carta de la ONU, que autoriza el uso de la fuerza en territorio extranjero? ¿Dónde están los compromisos para proteger a los países afrodiaspóricos de la intervención armada? ¿Por qué no ser prudentes y votar a favor de una misión de observación basada en el Capítulo VI de la Carta de la ONU? ¿Cómo ayudará el envío de un contingente militar desde Kenia a la Policía Nacional de Haití, que ya cuenta con la cooperación de la policía mexicana? ¿Es este realmente el máximo esfuerzo que puede hacer Brasil al frente del Consejo de Seguridad? ¿Repetir los mismos errores del pasado, como cuando la diplomacia brasileña presionó para la aprobación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que permaneció en el país durante 14 años y agravó su fragilidad, es realmente un esfuerzo diplomático a favor de la Cooperación Sur-Sur?
Deploramos esta postura y esperamos una corrección de rumbo en la política bilateral Brasil-Haití. En lugar de acciones precipitadas en el Consejo de Seguridad, Brasil podría estar llevando a cabo diversas acciones bilaterales para reducir los niveles de violencia en Puerto Príncipe, podría estar ayudando a los migrantes haitianos que quieren ir a Brasil de forma antirracista y fortaleciendo el sistema de justicia en Haití, dado que la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), cuyo mandato duró dos años (de octubre de 2017 a octubre de 2019) y que sucedió a la MINUSTAH, no tuvo el compromiso suficiente para construir bases comunitarias a favor de la paz en el país.
Propuestas de Brasil para una Inversión Multilateral y Estrategias de Reasentamiento en Haití
Basándose en la cooperación técnica en el área de inteligencia y prevención de la expansión de la actividad de pandillas por medio de drones que ya existe entre la Policía Nacional de Haití y la Policía de México, Brasil podría ofrecer cooperación con el servicio de inteligencia e investigación de su Policía Civil, en sus atribuciones previstas en el artículo 144 de la Constitución Federal de 1988, en las áreas procesales relativas a investigaciones policiales y su remisión al poder judicial, con unos plazos procesales que garanticen el acceso al debido proceso legal para la investigación de crímenes contra la vida, asociados al fortalecimiento del sistema carcelario en Puerto Príncipe.
El gobierno brasileño también podría proponer al Consejo de Seguridad una inversión multilateral en la construcción de más prisiones de acuerdo con las especificaciones técnicas de accesibilidad, permeabilidad del suelo, confort bioclimático e impacto ambiental, siguiendo las Directrices Básicas de Brasil para la arquitectura penal, dado que las condiciones carcelarias en Haití violan los principios más elementales de los derechos humanos. Brasil también podría estar construyendo una política de diálogo sobre el destino final de los criminales de las bandas: juzgarlos, amnistiarlos o reasentarlos.
Brasil podría estar discutiendo estrategias de reasentamiento en el Consejo, teniendo en cuenta que, si los criminales de las bandas de Puerto Príncipe son juzgados fuera de Haití, considerando la inclinación por tomarse la justicia por su mano del movimiento Bwa Kale, no saldrán vivos del país en el período posterior al conflicto. También podría ayudar con las siguientes acciones: a) Solicitar al TSE la cooperación técnica con el CEP – Consejo Electoral Provisional de Haití para celebrar elecciones limpias y justas en el país lo antes posible; b) Proponer al gobierno de la República Dominicana la creación de viviendas de apoyo para los inmigrantes haitianos, con los recursos de la comunidad internacional; c) Facilitar la entrada de inmigrantes haitianos en territorio brasileño, eximiéndolos de la exigencia de visado; d) Relanzar el Programa CAPES Pro-Haití, destinado al intercambio de estudiantes haitianos a universidades públicas brasileñas, que se perdió en medio de la ruptura de gobierno en Brasil en 2016; f) Reforzar el aumento de plazas para estudiantes haitianos en los programas PEC-G y PEC-PG y exigir a la embajada de Brasil en Haití un Plan de Marketing para divulgar adecuadamente este programa entre los estudiantes haitianos interesados; g) Proponer la creación de una versión PROUNI-Haití para que las universidades privadas reciban a estudiantes haitianos; h) Dialogar con la Agencia Brasileña de Cooperación para presentar un nuevo Programa de Cooperación Sur-Sur de Brasil con Haití, basado en las demandas de la sociedad civil organizada haitiana.
/Doctora en Antropología de América Latina y el Caribe por la Universidad de Brasilia. Directora del Instituto Maria Quitéria y cofundadora de la Iniciativa Brasil-Haití. Realizó estudios posdoctorales en el Instituto Nacional de Administración, Gestión y Estudios Internacionales de la Universidad Estatal de Haití. Latinoamérica 21
