El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y las víctimas de los trágicos sucesos de octubre de 2003 alcanzaron una conciliación, poniendo fin a una prolongada batalla legal que se extendió por más de una década. La resolución llegó a través de una «declaración conjunta» que marca un nuevo capítulo en este controvertido caso.
Después de 15 años de litigio, ambas partes llegaron a un acuerdo que implica una compensación económica para las familias de las víctimas y exoneraciones legales que prohíben futuras acciones legales por parte de los demandantes relacionadas con los eventos ocurridos en Bolivia en septiembre y octubre de 2003.
Historia del caso y veredicto inicial
La historia detrás de esta conciliación se remonta a abril de 2018, cuando un jurado civil en Estados Unidos declaró responsables a Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por ejecuciones extrajudiciales durante la trágica «Masacre de octubre» en 2003. Además, se determinó una indemnización de $us 10 millones.
Anulación del veredicto y revocación posterior
El Centro por los Derechos Constitucionales (CCR), impulsor del juicio, anunció en 2021 que un juez federal ratificó el veredicto del jurado y ordenó que los acusados compensaran a las víctimas con esa suma. Sin embargo, un tribunal posteriormente anuló la sentencia argumentando la falta suficiente evidencia para responsabilizar a los acusados. Esta decisión fue revocada por un tribunal superior.
Espera de ratificación y acuerdo de conciliación
Las víctimas estuvieron esperando la ratificación del veredicto del jurado por parte de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, lo que habría obligado a Sánchez de Lozada a cumplir con la indemnización a las víctimas de 2003. Este acuerdo de conciliación, sin embargo, no implica una admisión de responsabilidad por parte de los demandados con respecto a los eventos en cuestión. Además, las partes acordaron mantener en privado los términos exactos de su acuerdo.
Cierre controvertido con compensación
Este hito marca el cierre de un largo y controvertido capítulo legal en la historia de Bolivia, brindando un grado de cierre y compensación a las víctimas de los trágicos sucesos ocurridos en octubre de 2003.
Entrevista al abogado de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, Thomas Becker:
