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Violencia e intolerancia: Defensores ambientales reciben mensajes amenazantes y difamatorios

Una pequeña parte de uno de los mensajes / ANF
Denuncian amenazas a defensores ambientales y de derechos indígenas en la provincia Poopó del departamento de Oruro. La Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y otras 20 instituciones exigen acciones para prevenir nuevos actos de violencia.

La Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y otras 20 instituciones denunciaron que los defensores ambientales y de derechos indígenas, Hernán Roque, Bertha Ayala y Beatriz Bautista del Ayllu Acre Antequera en la provincia Poopó del departamento de Oruro, reciben mensajes amenazantes y difamatorios.

En un documento publicado, se destaca que estos mensajes amenazantes contienen adjetivos que señalan sin pruebas graves cargos contra Hernán Roque y las hermanas Bertha Ayala y Beatriz Bautista, además expresan un alto grado de violencia e intolerancia y no demuestran disposición a entablar diálogos necesarios para construir soluciones.

Esos hechos ocurren en el contexto de un largo conflicto por actividades mineras en la región del Ayllu Acre Antequera. Además, coinciden con la realización de un festival de música y danza autóctona llamado «Por la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas y el derecho a la identidad cultural», organizado el 29 de julio.

Las organizaciones e instituciones involucradas sostienen que estas amenazas tienen como antecedente violentos ataques organizados por los mismos presuntos autores. El año pasado, estos dirigentes intervinieron con violencia una vigilia pacífica donde comunarios reclamaban contra la desertificación y contaminación causada por la minería.

Ante esta situación alarmante, se alerta sobre la impunidad que rodea estos hechos, lo cual hace prever una nueva edición con peores consecuencias. En ese sentido, la Contiocap y las organizaciones que se sumaron al pronunciamiento exigen a las autoridades locales, como la Gobernación de Oruro, los municipios de Poopó y la Defensoría del Pueblo de Oruro, que asuman acciones oportunas para prevenir nuevos actos de violencia.

La Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas – Contiocap, junto con otras organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y ambientales y los derechos de los pueblos indígenas, hacen un llamado urgente para otorgar efectivas garantías y protección a las personas amenazadas.

Las demandas de los comunarios del Ayllu Acre Antequera son conocidas por autoridades nacionales e internacionales competentes en la protección de derechos humanos.

El caso Acre Antequera fue presentado en informes ante espacios del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, el año pasado un equipo técnico de la Misión en Bolivia del Alto Comisionado de Derechos Humanos tuvo conocimiento del caso y documentó graves violaciones a derechos humanos donde se reconoce como víctimas a Hernán Roque y Bertha Ayala, entre otros líderes sindicales mineros.

El conflicto en Acre Antequera tiene largos y complejos antecedentes en la que aparece la responsabilidad tanto de empresas mineras transnacionales como cooperativas mineras bolivianas y entidades estatales que no actuaron adecuadamente para resolver los conflictos respetando los derechos fundamentales, según se menciona en el documento.

La situación se agrava debido a que las empresas mineras extranjeras involucradas en este conflicto iniciaron procesos penales contra Roque y Ayala.

Ante estos hechos, se alerta sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y la falta de justicia para las comunidades y personas en contextos de intensas actividades extractivas. Es responsabilidad de todos no permitir que crezcan en impunidad las amenazas y violencia dirigidas a quienes defienden su derecho al agua y al medio ambiente.

Por ello, se hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de Derechos Humanos para instar al gobierno boliviano y a las autoridades locales a asumir con responsabilidad su papel garantizando los derechos de los defensores ambientales, dentro del marco establecido por la Constitución y los convenios internacionales, especialmente el Acuerdo de Escazú, según precisan todas las organizaciones firmantes.

Entre las organizaciones que se suman a este manifiesto se encuentran: Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), Consejo de Justicia de la Comunidad Vilaque Huaripampa, Conamaq Orgánico, Consejo Departamental de Justicia JIOC La Paz, Comunidad Indígena Originaria Campesina Santa Ana Pucarani – La Paz, Consejo Mayor de Justicia Sub Central Cota Cota, Mancomunidad de Comunidades Indígenas Ríos Beni Tuichi y Quiquibey, Coordinadora en Defensa de la Amazonía (CODA), Consejo de Justicia Comunidad Amachuma, Provincia Aroma – La Paz, Consejo de Justicia Coque Ayllu Chimpu, Provincia Loayza – La Paz, Consejo de Justicia Comunidad CHUCARASI Potosí, Colectivo Bolivia Libre de Transgénicos, Coordinadora por el Medio Ambiente, Colectivo Somos Sur, Colectivo Alimentos en Resistencia y Nación Indígena Originaria Qhara Qhara.


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