Internos de la sección Palmar del penal San Pedro de La Paz han denunciado a través de una carta pública que el director del recinto carcelario, teniente coronel Sergio Natalio Sillerico Blatnik, y la trabajadora social Jeanneth Condori Castillo, encubren los abusos y extorsiones cometidos por los delegados.
En el manuscrito, los internos señalan que a pesar de las constantes denuncias presentadas por escrito a estos funcionarios, nunca reciben respuesta y las arbitrariedades continúan. Además, sospechosamente existe una purga selectiva en la sección contra aquellos que denuncian.
Carta dirigida a medios y autoridades
La carta, cuyos firmantes prefieren mantener su identidad en reserva, ha sido dirigida a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y autoridades como el viceministro de Justicia César Siles. En ella se relata el sufrimiento al que son sometidos los internos, especialmente los nuevos, quienes son obligados bajo amenaza física a realizar pagos coactivos.
Identificación de responsables y montos exigidos
Los internos identifican a los delegados responsables de estos abusos y cobros excesivos. Entre ellos se encuentran Bruno Macías Coyo, expolicía y coordinador del consejo de delegados; José Luis Condori Mamani, delegado de la sección Palmar; Ramiro Mamani Choque, secretario de Hacienda; y Javier Quisbert, secretario de la Oficina de la sección. Estas personas exigen montos que van desde 5.800 hasta 6.800 bolivianos por persona para supuestamente dar mantenimiento a las secciones cuando lo acordado era solo 2.500 bolivianos.
Represalias y solicitud de ayuda
La carta menciona que aquellos internos que no cumplen con las exigencias son castigados y torturados. Además, los familiares de los internos también se ven directamente afectados, ya que reciben llamadas de los delegados exigiendo el pago bajo amenaza de castigar a sus hijos o esposos.
A pesar de las denuncias presentadas, el director del penal y la trabajadora social no han tomado ninguna acción al respecto, según informó ANF.
Los internos afectados solicitan la ayuda de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y autoridades para salir de esta situación. Aunque temen represalias por hacer esta denuncia, se sienten obligados a hacerlo para detener estos abusos y confían en que puedan actuar en su favor para cambiar esta situación.
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