Desde el sector «arcista» del Movimiento Al Socialismo (MAS) surgieron justificaciones ante el anuncio de un posible juicio de responsabilidades contra el Presidente Luis Arce por la restitución del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, luego de ser censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La diputada Betty Yañiquez afirmó este martes que la proposición acusatoria carece de fundamento legal.
Según reportes de LA PATRIA desde la sede de Gobierno, la diputada justificó: «El Presidente ha cumplido al destituir al ministro y en observancia al artículo 173, numeral 22 de la Constitución Política del Estado, lo ha ratificado».
El 29 de junio, el Gobierno decidió destituir a Del Castillo tras una disputa en la ALP y en respuesta a una moción aprobada con 101 votos durante una sesión anterior.
«En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, se procede a la destitución de la autoridad interpelada», señala el decreto 4974.
Además, abrogaron el decreto 4389 que designaba a Del Castillo como ministro de Gobierno.
Sin embargo, durante la noche del jueves 30 de junio, Arce volvió a posesionar al exministro en el hall de Casa Grande del Pueblo entre cánticos de apoyo fuera del edificio y críticas instantáneas en las redes sociales.
Yañiquez hizo referencia a un incidente similar ocurrido en 2020 con Jeanine Añez cuando ella protagonizó una situación similar con el entonces ministro de Defensa Luis Fernando López.
En ese momento, la ALP propuso la Ley 1350 para regular los efectos de la censura determinada por el mismo ente.
El artículo 4 establece: «IMPOSIBILIDAD DE DESIGNACIÓN I. La Presidenta o el Presidente del Estado no podrá designar como Ministra o Ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en los tres (3) años posteriores a su destitución».
Sin embargo, esta propuesta fue revocada y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El 5 de abril de 2023 emitieron una sentencia constitucional donde cuestionaron los artículos 3 y 4.
Según parte del fallo: «No es permisible ampliar facultades no concedidas, al margen de que las leyes que emergen de la facultad legislativa tienen sus limitaciones cuando se trata de restringir derechos, pues no se puede afectar el núcleo esencial de un derecho de manera que pueda alterarlo, siendo todo ciudadano libre de acceder a cualquier cargo público jerárquico siempre que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos».
En este sentido, Yañiquez calificó la advertencia del juicio de responsabilidades como otro «show político» e instó a sus colegas a desistir en su intención contra Arce.
«Lo que va a corresponder en estricta aplicación de la ley es que se rechace esa proposición acusatoria», señaló.
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