Tras el altercado ocurrido en la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), protagonizado por Edgar Salazar y con Amparo Carvajal aún presente en la terraza del edificio desde el martes, el nuevo titular manifestó su disposición a entablar un diálogo con Carvajal, mediado por el Defensor del Pueblo.
«Para evitar ser acusados de incumplimiento de resoluciones constitucionales», afirmó refiriéndose a las medidas restrictivas impuestas a Carvajal, quien supuestamente tiene prohibido incluso dirigirle la mirada.
Mientras tanto, Carvajal, activista de derechos humanos, se mantiene firme en una vigilia instalada en la parte posterior del edificio central de la institución. Al mismo tiempo, es acusada de promover paralelismos dentro de la institución.
Durante su intervención, Salazar solicitó que los partidos políticos tanto de oposición como oficialismo se aparten para permitir la instalación de una mesa de diálogo. Además, señaló que los conflictos internos requieren una solución pacífica. En este sentido, denunció que está siendo hostigado y discriminado por personas que acompañan la vigilia en las dependencias de Apdhb.
«A los diputados opositores: no retrocederemos después de haber recuperado nuestras oficinas. No permitiremos que utilicen la historia y la institucionalidad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para sus intereses políticos», afirmó Salazar tras disputar la presidencia.
Por otro lado, explicó que presentaron dos solicitudes a la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz. La primera, para solicitar protección e integridad para Carvajal, ya que «por decisión propia está poniendo en riesgo su vida» y sus derechos humanos están siendo violados, según Salazar.
Sin embargo, la bancada de Creemos responsabiliza al Gobierno por cualquier inconveniente o daño en la salud de Carvajal. Además, exigen una pronta atención por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH). También anunciaron el inicio de una recolección de firmas para que los ciudadanos denuncien los supuestos «excesos» del Gobierno de Luis Arce en la toma «irregular» de las oficinas de Apdhb.