El abogado Jorge Valda denunció que la justicia está retrasando la realización de la audiencia de apelación del dirigente cocalero Raúl Uría, con el objetivo de modificar su fianza de 100.000 bolivianos por una más accesible a su situación económica y permitirle defenderse en libertad.
Según explicó Valda, la apelación fue presentada el mismo día, 19 de mayo, en que el juez Marco Amaru determinó que Uría pudiera defenderse en libertad debido a que las condiciones impuestas eran imposibles para él. Sin embargo, también ese día tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Gobierno apelaron para mantener a Uría detenido.
Apelación no tratada por falta de documento
En una nueva audiencia, la vocal Nataly Vargas de la Sala Penal tercera resolvió a favor de Uría al rechazar los pedidos del Ministerio Público y del Gobierno. Sin embargo, no se trató la apelación presentada por Uría argumentando que el documento no había llegado a su despacho.
Doble fianza dificulta defensa en libertad
El 19 de mayo, el juez primero de instrucción penal de El Alto Marco Amaru, rechazó ampliar la detención preventiva de Raúl Uría por dos meses más en el penal de San Pedro y decidió otorgar medidas sustitutivas: una fianza de 50.000 bolivianos y un bien inmueble valorado en otros 50.000 bolivianos.
Detención preventiva como arma política
Para Valda, esto representa una «doble fianza» que solo busca mantener a Uría detenido, ya que no existe un equilibrio en la medida impuesta. Yolanda Herrera, vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, también criticó esta decisión y señaló que la detención preventiva se está utilizando como un arma para vulnerar el derecho al acceso a la justicia.
El abogado Valda destacó que estas medidas son imposibles de cumplir para una persona de escasos recursos que lleva ocho meses sin trabajar y no tiene oportunidades laborales. A pesar de haber apelado tanto la fianza como las restricciones laborales impuestas, hasta el momento su apelación no ha sido tramitada.
Denuncian uso político y restrictivo de detención preventiva
Herrera agregó que la detención preventiva se está utilizando con fines políticos y restrictivos, en lugar de buscar justicia. Valda responsabilizó al Ministerio de Gobierno por bloquear la liberación de Uría e incluso mencionó que sospechosamente implicaron al dirigente cocalero en posesión ilegal de un celular para enviarlo a una celda de castigo.
Aunque calificó este hecho como un «montaje», aseguró que esto obstaculizará aún más el proceso de apelación para cambiar las medidas impuestas a Uría.
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