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Periodistas denuncian impunidad ante ataques violentos de cooperativistas mineros

Periodistas de Oruro se movilizaron / Captura de pantalla
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Oruro (APO) denunciaron la falta de sanciones para los responsables que agredieron a periodistas con dinamitas y pedradas. La impunidad naturaliza la violencia y vulnera sistemáticamente la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Oruro (APO) denunciaron que existe impunidad para los responsables que cometieron el hecho.
“Denunciamos que, aunque algunos registros de prensa identifican claramente a los autores de los ataques que a punta de dinamitas y pedradas pusieron en riesgo le integridad física y la vida de periodistas y funcionarios municipales, no se han iniciado las acciones correspondientes para sancionar a los responsables”, señala un comunicado de la ANPB y la APO que fue difundido este lunes 19 de junio.

Robo durante la agresión

Se conoce que tras la agresión, cooperativistas robaron algunas pertenencias de los trabajadores de prensa. En el documento, se denuncia que estas no fueron entregadas, aunque en recientes horas se tuvo conocimiento que ya se devolvió el equipo arrebatado.

Inacción ante el caso

De la misma forma el documento, lamenta la inactividad de las autoridades ante el caso que ha circulado en varios medios de comunicación y redes sociales.

Impunidad naturaliza violencia

“Lamentamos que la inacción de las autoridades llamadas a garantizar el trabajo periodístico derive en una protección de facto de grupos violentos y denunciamos que la impunidad naturaliza la violencia, vulnera sistemáticamente la libertad de prensa y restringe el derecho de acceso a la información de la ciudadanía”, dice el escrito.

Obligación estatal

La ANPB y APO recordaron que los periodistas necesitan ser resguardados ante este tipo de situaciones que implican violencia y además ratificaron que la justicia debe encargarse de sancionar a los responsables del hecho.
“Recordamos que la seguridad de los y las periodistas es una obligación estatal y que la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables constituye una violación adicional a los derechos de protección, reparación y justicia”, finaliza el texto.


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