La Fiscalía aceptó la denuncia presentada por los exministros Carlos Romero y Teresa Morales, en relación a supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La acción legal fue presentada oficialmente el 11 de mayo en Sucre, con todas las pruebas expuestas hasta ese momento. El denunciado es el presidente de la petrolífera estatal, Armin Dorgathen Tapia, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
«Mediante este documento, la denuncia ha sido debidamente aceptada; además estamos presentando denuncias internacionales debido a que no solo se cometieron delitos en el marco del Código Penal, sino que probablemente también se hicieron lavados de dinero», declaró Morales desde la sede de Gobierno.
Romero anticipó que trabajaron en al menos 20 requerimientos para el fiscal general Juan Lanchipa. Estos incluyen los contratos de importación de combustible desde 2018 hasta 2023. También pedirán informes al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) e Instituto Nacional de Estadística (INE).
De igual forma pedirán información sobre contratos con empresas extranjeras, además de declaraciones patrimoniales y registros telefónicos del presidente Dorgathen Tapia, Marcelo Arce (hijo del mandatario), Álvaro Roca, Dani Roca, José Zelaya, Ariel Montaño, Denis Gonzales, Julio Cesar Gandarillas y Juan Carlos Huanca.
Ambas exautoridades han denunciado una demasía en la importación de diésel y gasolina que habría causado daños económicos al país por al menos 1600 millones de dólares. Además, el paradero de estos recursos tampoco se conoce.
La Fiscalía iniciará las investigaciones preliminares correspondientes al caso.
