EI Comité de Competición de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) impuso al Valencia una sanción ejemplar, un cierre parcial del estadio Mestalla que generó molestia en la ciudad del Turia tras hacerse pública -porque se conoció en paralelo a la absolución a Vinicius la tarjeta roja, por parte del mismo Comité- y que recurrirá en la parte que le afecta el club blanquinegro.
La sanción implica, además de 45.000 euros, una suspensión de cinco partidos de cierre a la gradería “Mario Kempes” Curva Norte, que es la que se recoge en el acto del árbitro como el lugar desde donde se cometieron los presuntos delitos de odio que investiga en paralelo la policía y fiscalía. El Valencia tiene 10 días para presentar alegaciones, proceso que realizará de inmediato para tratar al menos que el próximo domingo se le conceda como mal menor la cautelar.
La sorpresa en Valencia por la sanción fue triple: primero por la dureza de la misma, cuando desde el club se entiende que se está colaborando con firmeza y rotundidad en identificar a los culpables de los insultos y gestos racistas a Vinicius; segundo por su premura, porque a primera hora de la mañana no estaba previsto que el tema fuera tratado por Competición dado que la investigación continúa abierta y la idea que se había transmitido desde los organismos es que se abriría un expediente extraordinario; tercero por el agravio comparativo, dado que casos como el de la presunta agresión de Valverde a Baena o la invasión de campo en Cornellà en el Espanyol-Barcelona todavía no están resueltos por el Comité.
