Erwin V., exdirector de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), fue enviado al penal de Palmasola con detención preventiva por el presunto desfalco de 75.000 bolivianos, informó esta jornada, el asesor legal de dicha universidad, Ríder Aguilera.
Dos exfuncionarios de la Uagrm son investigados en el caso, uno de ellos es Ermin V. y el otro es Raúl R., quien fungía como cajero de la DAF. Este último se defenderá en libertad.
«El juez ha valorado los documentos presentados, es así que el cajero se benefició con la medida sustitutiva, pero el director administrativo en 2014 fue privado de libertad», dijo.
Aguilera señaló que se apeló a la resolución que deja en libertad a Raúl R. y buscarán que se revierta para que sea enviado a la cárcel.
«Lo que sigue es presentar los requerimientos que solicitó la Fiscalía a fin de dar con otros coautores del hecho delictivo», añadió.
El exdirector financiero, al salir de la audiencia de medidas cautelares, alegó ante los medios de prensa no haber tocado ni un peso del presunto desfalco, reportó el periódico El Deber.
«Es mentira, tenga por seguro que no toqué un peso. Eso es una mafia que hay que descubrirla», dijo en su defensa el exdirector del DAF.
Asimismo, acusó al personal de contabilidad y al cajero de estar implicado en el desfalco y recalcó que no había forma que él reciba dinero irregular.
«El licenciado, jefe de contabilidad, y el cajero son los que han hecho eso, son los culpables y ahora la quieren arreglar diciendo que fui yo», acotó.
En su defensa, el otro exfuncionario quedó libre con medidas sustitutivas insistió en su inocencia.
«No tengo nada que ver, por eso me voy a defender en libertad, se está demostrando que no hice malversación, es la autoridad del DAF la que sabe, es el que manejaba la economía de la universidad», respondió.
Por este caso, existe un tercer implicado. Los abogados de la universidad estatal aseguraron que las investigaciones continuarán hasta dar con los autores y coautores. Se presume que el desfalco no solo alcanzaría a 75.000 bolivianos, sino a los 2.000.000 de bolivianos.
