La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), acudieron este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que este organismo, solicite un informe al Estado, sobre el proyecto de ley 305.
Mediante una carta enviada a la secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, los periodistas recordaron que, según el artículo 41 inciso d) de la Convención Americana de Derechos Humanos, al organismo internacional le corresponde pedir explicaciones al Estado boliviano sobre, sí los proyectos de ley tienen compatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, denunciaron que el artículo 281 del proyecto de ley 305, desconoce el artículo 107 de la Constitución Política de Estado (CPE), que regula el trabajo de la prensa.
Además, aseguraron que el proyecto de ley pretende “derogar la vigencia de la Ley de Imprenta eliminando una justicia especial para el juzgamiento de los delitos de prensa y buscando criminalizar las labores periodísticas directamente en la justicia penal”, afirmaron.
“El Proyecto de Ley 305/2023 pone en evidencia la intención de introducir, de manera dolosa, una figura que pretende limitar el trabajo de la prensa, sin mencionar en la exposición de motivos, una sola argumentación jurídica que justifique tal despropósito”, indicaron en la carta de solicitud.
Declararon que el Gobierno, alegando cumplimientos de acuerdos internacionales sobre derechos humanos, pretende establecer una norma que censura y autocensura el derecho a la libertad de expresión y de prensa, lo que atenta contra los derechos constitucionales de la prensa y violenta los principios elementales de la democracia.
“Nos dejará en la completa indefensión y a merced de operadores de justicia, fuertemente cuestionados por su falta de independencia e idoneidad, extremo que ha sido demostrado y denunciado por estudios e investigaciones nacionales e internacionales”, advirtieron los periodistas haciendo referencia a que, serán tribunales ordinarios los encargados en tramitar las denuncias de este proyecto de leyes.
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