La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), declaró que, la condición jurídica de los titulares de Santagro es de propietarios, no poseedores y menos de avasalladores; mientras existan vías legales a la resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El domingo reciente, el INRA ratificó que los predios de Santagro, en Santa Cruz, son “tierras fiscales”, por lo tanto, no se las puede dotar ni adjudicar a nadie y que el 100 por ciento de este predio está en la Reserva Forestal de Guarayos.
Mediante un comunicado, la Anapo sostuvo que, los actuales propietarios de tierras dentro del predio de Santagro, adquirieron sus propiedades mediante contratos de compraventa de dueños anteriores. Y que, el fundo fue reconocido en su existencia desde 1967, por el presidente de la Central de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), en conformidad al artículo 309 del decreto supremo número 29215.
De esta manera, explican que la Reserva Forestal Guarayos, creada en 1969, tuvo modificaciones en sus superficies y límites por el Decreto Supremo Nº 24124, posteriormente declarada Ley.
Indican que, no existen motivos suficientes para revertir que el predio de Santagro sea declarado “tierra fiscal” y es necesario evaluaciones ante estos dictámenes emitidos por el Tribunal Agroambiental.
“En más de 25 años de ejecución del proceso de saneamiento de tierras (…) el INRA no ha mostrado (…) el mapa oficial de la Reserva Forestal Guarayos”, puntualizó la Anapo en sus escritos.
Declaran que con la emisión de la Resolución final de saneamiento el INRA incluyó en su competencia, por efecto de la interposición de un recurso contencioso administrativo planeado por los propietarios; documentos que, presentaron ante el Tribunal Agroambiental en Sucre.
Esta instancia dictaminará si el INRA actuó correctamente, caso contrario, causaría la anulación de declaratoria de “tierras fiscales”.
Mientras esperan el fallo del Tribunal Agroambiental, los titulados de las tierras indican que mediante acciones no permitirán asentamientos humanos o desmontes.
Asimismo, esperan que los magistrados agroambientales sean imparciales. Además, exigen que se cumpla “la ley de la promesa del presidente, Luis Arce, de no permitir ningún avasallamiento a tierras productivas ni el tráfico de tierras”, concluyeron.
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