Trabas económicas y excesos reglamentarios a la iniciativa ciudadana para la reforma de justicia, denunció el grupo de juristas independientes este lunes, haciendo énfasis en el requisito de la transcripción informática de las firmas que impuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El miembro de este colectivo, Juan del Granado, lamentó que todas estas dificultades vengan directamente del Órgano Electoral, que el viernes negó por segunda vez la petición de suspender este proceso de digitalización de las rúbricas.
Tras consultar este requiso a expertos informáticos, llegaron a la conclusión de que la tarea es prácticamente imposible; para transcribir un millón y medio de firmas se necesitarían al menos 210 voluntarios, cada uno con una computadora durante tres turnos diarios, por dos meses y medio. Además, el costo sería más de un millón de bolivianos.
En ese contexto, el 13 de febrero se impugnó este requisito y pidieron ser exonerados de esta obligación, también solicitaron que se les dé la oportunidad de solamente presentar un inventario de los libros, pero la respuesta llegó 37 días después, y fue negativa.
“Nos están aplicando los reglamentos para los partidos políticos, (…) nosotros no tenemos ninguna personería ni presencia política en la democracia representativa. Negada la solicitud, estamos formulando en los siguientes días un amparo constitucional, porque esta actitud del TSE es una negativa casi explícita a llevar adelante la iniciativa ciudadana”, declaró del Granado a LA PATRIA en la sede de Gobierno.
Por su parte, la jurista Katia Saucedo explicó que tras consultar con algunas empresas que podrían realizar este trabajo, cotizaron un valor de tres bolivianos por cada firma trascrita, lo que representaría una inversión de cuatro millón y medio de bolivianos; según su criterio, se les está imponiendo excesos reglamentarios y trabas económicas.
En los últimos días, el grupo de juristas independientes incrementó la difusión de la iniciativa ciudadana para la reforma de justicia, invitando constantemente a la población a firmar en los puntos habilitados en distintos puntos del país.
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