La nueva abogada defensora del coronel Maximiliano Dávila, Paola Barriga, denunció que su cliente está recluido en la peor sección que tiene el penal de San Pedro, “La Grulla” considerado un lugar de castigo, por lo que su primera acción fue acudir al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés).
“Estamos pidiendo al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas que pueda colaborarnos, que vaya a verificar el estado en el que se encuentra mi cliente. No puede ser que esté 14 meses, en la peor sección del penal de San Pedro y que no le hayan permitido ver a su familia; y lo peor es que, cuando se lo demanda por el tema de narcotráfico, no se le prueba nada”, protestó.
Dávila fue aprehendido en enero de 2022, en la población fronteriza de Villazón cuando intentaba cruzar hacia Argentina.
Poco después, fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas y enviado a prisión con detención preventiva por seis meses, sin embargo, lleva 14 meses en el mismo lugar.
“La Grulla, dentro de San Pedro, es un lugar de castigo, es el peor lugar que se tiene y en este lugar está recluido desde el primer día que entró Maximiliano Dávila a este centro penitenciario”, manifestó la abogada.
La sección que refiere la jurista, está aislada del resto de todo el penal, según informó ANF.
Está compuesta por una decena de celdas que tienen espacio para dos personas en camarote y fue construido para llevar a los reos que cometen faltas. En tiempos del Covid-19 esas celdas fueron habilitadas como centros de aislamiento para los que contraían el virus.
Según la abogada defensora, su cliente fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas por un fiscal de materia, pero éste no pudo probar sus acusaciones y lo derivó a la fiscalía antinarcóticos. Esta instancia tampoco pudo probar el delito de narcotráfico y lo devolvió a la fiscalía departamental.
El Ministerio Público está pidiendo ampliar la detención preventiva por otros cinco meses, esa audiencia se realizará el jueves 30 de marzo a las 10:00 horas.
Asimismo, la exmagistrada Rosario Canedo aseguró que, la arbitrariedad de las ampliaciones de las detenciones preventivas, es el rasgo más notorio de gobiernos antidemocráticos.
“La Constitución (Política del Estado) no es un mero proclama. La ley se debe cumplir, pero al ampliar los plazos de manera indiscriminada, únicamente están atentando contra los derechos humanos, derechos y garantías constitucionales de los justiciables. Esa es una práctica que lamentablemente debería dejar de existir, es un abuso de poder”, dijo la exmagistrada.
El CAT es una oficina que depende de Naciones Unidas, es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por los estados parte. Bolivia se adhirió a este tratado en 1999.
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