La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) denunciaron la reactivación de la violencia contra periodistas, en el contexto de movilizaciones sociales y la censura judicial para impedir la cobertura periodística del denominado caso Golpe I.
El martes 7 de marzo, efectivos de la policía lanzaron gas lacrimógeno de forma directa e intencional contra periodistas de los canales de televisión Cadena A y Unitel, respectivamente, cuando reportaban en vivo la marcha de protesta del Magisterio Urbano en la ciudad de La Paz, según informó la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Un día después, el 8 de marzo, un periodista de TV OFF fue herido en la rodilla cuando cubría la movilización del magisterio nacional, según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Asimismo, un oficial de Policía se identificó como el jefe de seguridad del Banco Central de Bolivia, impidió el trabajo de la prensa y amenazó con agredir un periodista, mientras realizaba la cobertura de la compra de dólares en la entidad bancaria y le exigió borrar el video que estaba grabando.
Por otra parte, al menos tres medios de comunicación como Página Siete, El Diario y Periodismo Somos Todos fueron expulsados de la audiencia de ampliación a la detención preventiva del caso Golpe I, en un acto premeditado de censura por parte de las autoridades judiciales a cargo de ese proceso.
El Estado tiene el deber de proteger la labor de las y los periodistas, identificar los riesgos y adoptar oportunamente las medidas de protección para evitar la violencia, y garantizar que la Policía respete y proteja el trabajo de la prensa.
