Las muertes del exdirector de Fondo Indígena, Marco Aramayo, y del exdirigente cívico de Potosí, Carlos Manuel, fueron premeditadas porque fueron sometidos a condiciones inhumanas desde el Gobierno, al igual que del dirigente cocalero, César Apaza, quien ahora está en una situación crítica, según el abogado y experto en derechos humanos, Franco Albarracín.
“Los casos de los señores (Marco) Aramayo, del señor Juan Carlos Manuel y recientemente del señor (César) Apaza no son hechos aislados, son casos públicos, son hechos que demuestran una premeditación, y eso es lo que hay que denunciarlo ante todas las instancias”, indicó el abogado.
Aramayo fue director del Fondo Indígena por corto tiempo y tras asumir el cargo denunció el desfalco que había en la institución, pero él resultó ser detenido en 2015, sometido a 256 procesos judiciales en todo el país y falleció en abril de 2022 aquejado por las condiciones carcelarias, según informó ANF.
Juan Carlos Manuel se declaró en la clandestinidad en noviembre de 2021 porque el Gobierno lo buscaba para detenerlo acusado de ser el autor indirecto de los destrozos de una patrulla y parte del Tribunal Electoral en 2019.
El dirigente cívico falleció el 28 de enero de este año, víctima de la diabetes que no pudo tratarse debido a que, no podía acceder a ningún servicio médico.
“Estoy convencido que no se le está escapando de las manos del Gobierno. Cuando existe un patrón muy parecido, idéntico, no son casos similares, pero han tenido una conclusión muy similar en contextos diferentes, se puede determinar con mucha certeza que han sido acciones pensadas, acciones ejecutadas con dolo, acciones planificadas”, dijo Albarracín.
Por otra parte, el expresidente del comité de autodefensa de Asociación Departamental de Productores de Coca, César Apaza, fue socorrido por el médico particular del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, ambos detenidos en el penal de Chonchocoro.
Fue trasladado recientemente al Hospital de Clínicas, sin tomar en cuenta que se advirtió su traslado de emergencia.
El experto en derechos humanos también recordó el casos de Luis Fernando Camacho que debe ser asistido medicamente en su celda y el Gobierno dificulta sus exámenes, pese al pedido de la familia y del propio detenido.
Según Albarracín, lo mismo pasa con la expresidente, Jeanine Áñez, a quien le negaron internarse en un hospital de forma sistemática, fue tratada en su celda y ella incluso intentó quitarse la vida.
El activista aseveró que todos esos casos, tienen como responsable al Gobierno y las autoridades encargadas de los penales.
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