El analista político, Carlos Cordero, afirmó que el desconocimiento del mandato de la expresidente interina, Jeanine Añez, provocaría un caos jurídico y político porque quedaría en tela de juicio las leyes que rigieron en el país entre 2019 y 2020, además del propio mandato de Luis Arce.
“Si desconocen la validez de lo hecho por el Gobierno de la señora Añez desde su origen, no solamente da la posibilidad de sanciones jurídicas a decisiones que haya tomado la señora Añez, sino que éstas tienen consecuencias también funestas para instituciones y personas que sustentan actualmente su legitimidad y legalidad como el Presidente Arce. Este desconocimiento puede generar un caos jurídico y político”, dijo el cientista político.
La Fiscalía imputó a la exmandataria, en noviembre de 2021, por delitos comunes que habría cometido en el ejercicio de su mandato.
En 2022, la justicia rechazó sus objeciones y mandó a que sea juzgada por la justicia ordinaria. Otro juzgado de la ciudad de El Alto también desconoció su mandato y la juzga por el caso Senkata en un juicio ordinario.
Asimismo, la Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Legislativa devolvió los pliegos acusatorios de juicios de responsabilidades contra Añez a Sucre anulando la posibilidad de someterla a juicio de responsabilidades como expresidente.
“El país estaba viviendo una crisis profunda de ingobernabilidad, de enfrentamiento entre bolivianos. El Gobierno de la señora Añez fue un Gobierno que pacificó el país y a partir de eso se convocaron elecciones y hoy el país vive un gobierno con legalidad”, recordó el analista.
Por su parte, el portavoz de Gobierno Jorge Richter dijo que Jeanine Añez no tiene ningún documento legal que demuestre que fue Presidente del Estado, aunque el expresidente Jorge Tuto Quiroga publicó la lista de leyes y decretos que firmó Áñez en su condición de jefe de Estado.
Cordero afirmó que si se desconoce el mandato de la expresidente, también debería desconocerse todas sus medidas, leyes y decretos incluidos y por tanto los juicios a la que es sometida por los casos golpe de Estado I y golpe de Estado II no tendrían validez jurídica, porque los documentos que ella firmó debieran anularse.
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