Los juristas defensores de dos acusados por la crisis política del 2019 aseguraron que, en ese entonces, la presidente de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, buscó la mediación de la Iglesia Católica para que Evo Morales no sea procesado y pueda salir del país luego de su renuncia.
Eusebio Vera, el abogado del general Jorge Terceros, preso en San Pedro por el caso golpe de Estado II, señaló que la investigación que cursa debería señalar a quién convocó, para que las reuniones que se realizaron los días 10 y 11 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica.
“Estamos seguros que los miembros de la Iglesia Católica responderán que fue Adriana Salvatierra; además, esa reunión fue para coordinar una salida constitucional al momento político que atravesaba el país”, relató Vera.
Por su parte, el Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, confirmó la pasada jornada su pedido para que, la Fiscalía convoque a la cúpula de la Iglesia a declarar sobre su participación en las reuniones de pacificación luego de la renuncia de Evo Morales.
Javier Peñaloza, abogado que defiende al general Pastor Mendieta, también acusado en el mismo caso, aseguró que quedó claro que en ese entonces la senadora Salvatierra, buscó al clero de la Iglesia para que se pacifique el país y pueda asegurar la salida de los entonces primeros mandatarios.
“Eso ha quedado demostrado en el denominado caso Golpe II, cuando fue a declarar la señora, Adriana Salvatierra, y ella claramente ha manifestado de que se estaba negociando la salida de Evo Morales y García Linera hacia México y que prácticamente se buscaba pacificar el país, eso ha testificado Adriana Salvatierra, está en el cuaderno de investigaciones”, recordó el jurista.
Según la narrativa del Gobierno, los dirigentes de los partidos opositores, cívicos, algunos embajadores, miembros de la Unión Europea e Iglesia fueron los que organizaron y facilitaron las negociaciones, sin embargo, no mencionaron que fue la senadora Salvatierra la que solicitó estas reuniones.
Eusebio Vera sostuvo que una declaración de los obispos que estuvieron presentes en aquel entonces, esclarecería los hechos.
Peñaloza consideró como una arbitrariedad y un abuso desde las esferas de Gobierno intentar aprehender a los religiosos que sólo acudieron a una convocatoria.
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