Las organizaciones que forman parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz aprobaron, el miércoles reciente, un documento de ocho puntos en el cual uno de ellos convoca a una marcha de protesta para el viernes 9 de diciembre, en contra de la persecución a sus dirigentes desde La Paz; asimismo, pidieron a los que son procesados no acudir a declarar en la sede de Gobierno y ratificaron el estado de emergencia.
El rector de la Universidad “Gabriel René Moreno” (Uagrm), Vicente Cuellar, hizo conocer las determinaciones asumidas luego de la reunión.
Uno de los puntos del acta, señala el rechazo a los procesos penales contra los integrantes del Comité Interinstitucional y mantener el estado de emergencia para estar preparados ante cualquier intento del Gobierno nacional de tomar acciones judiciales contra los líderes.
Además de Cuellar, son denunciados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, entre otros.
“Se convoca a una marcha interinstitucional para el viernes 9 de diciembre en defensa de los líderes cruceños en rechazo a los procesos y en defensa al derecho a la protesta”, señala otro de los puntos del documento.
El gobernador cruceño confirmó su participación en la marcha del viernes.
Las ocho determinaciones
En el primer punto se resolvió rechazar los procesos penales contra los integrantes del Comité Interinstitucional y mantener el estado de emergencia, para estar preparados ante cualquier intento del Gobierno de tomar acciones judiciales contra los líderes.
La segunda determinación, trata de formar comisiones de trabajo, a nivel departamental, de análisis para verificar las medidas que se adopten para defender el pueblo cruceño ante los denominados atropellos a la ciudad, ninguno de los denunciados debe asistir a la ciudad de La Paz, siendo la jurisdicción natural la ciudad de Santa Cruz.
Además, se realizará la formación de una comisión jurídica para iniciar los procesos contra los que ejecutaron el cerco a Santa Cruz y otras acciones vandálicas contra los derechos de los ciudadanos que cumplían el paro de manera pacífica.
Como cuarto punto, se exigie al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, actuar de acuerdo a la Constitución y a las leyes, y no bajo mandato político
También se denunció ante organismos internacionales los actos de abuso y persecución de las autoridades nacionales, amparados en la declaración de los derechos humanos y el pacto de San José de Costa Rica.
Asimismo, cada representante del Comité Interinstitucional debe organizarse y apersonarse de manera voluntaria como testigo en los procesos por los que fueron denunciaron los miembros de la Comisión.
El séptimo punto estableció que se convocó a una marcha interinstitucional para el viernes 9 de diciembre, en defensa de los líderes cruceños en rechazo a los procesos y en defensa al derecho a la protesta.
El octavo y último indicó que cada institución debe acreditar a dos de sus miembros ante la Comisión Interinstitucional para que sean convocados a las reuniones de trabajo.
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