Los procesos judiciales contra los líderes cruceños invalidan todos los esfuerzos de diálogo entre los asambleístas de las tres fuerzas políticas para la Ley del Censo, declaró este martes la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos.
La legisladora explicó que el derecho a la protesta está protegido por la Constitución Política del Estado (CPE), además, afirmó que los conflictos ocurrieron porque el Gobierno envió grupos de choque a Santa Cruz para generar disturbios.
“Si empezamos a procesar y perseguir políticamente, el poco diálogo que logramos tener termina cayéndose. Entonces, mi consejo al Presidente es: no persiga, vamos con calma, porque construir democracia es complejo”, manifestó Barrientos según el reporte de LA PATRIA Radio en La Paz.
De acuerdo a su criterio, sí hay personas que deben ser procesadas por los hechos acontecidos en los días de paro en Santa Cruz, como actos violentos y vulneraciones de derechos, pero no quienes solamente ejercieron su derecho a la protesta.
Además, cualquier tipo de acciones judiciales deberían ser realizadas en Santa Cruz y no en La Paz, porque la sede de Gobierno no tiene nada que ver con los conflictos que acontecieron en el Oriente del país; no obstante, aclaró que también se debe juzgar a los responsables del cerco y los grupos de choque, pero no en la lógica de persecución política.
En días recientes se anunciaron procesos contra el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho; el presidente cívico, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” (Uagrm), Vicente Cuellar, por actos de violencia y otras vulneraciones durante los 36 días de paro.
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