Los renovadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) se sometieron a las órdenes de Jorge “Tuto” Quiroga mientras se desarrollaba el paro cívico en Santa Cruz, bajo la consigna de que la ley mata al decreto; afirmó la jornada precedente el dirigente del partido azul, Evo Morales.
Mediante su cuenta de Twitter manifestó que los llamados renovadores, a quienes se refirió como traidores, se aliaron con la derecha y mataron la autoridad del decreto, además de la palabra del Presidente, Luis Arce Catacora.
El 9 de noviembre, cuando se cumplían 19 días de paro, Quiroga visitó el domicilio del presidente cívico, Rómulo Calvo, en ese entonces declaró a la prensa que era necesario que los asambleístas promulguen una ley del Censo, debido a que el Gobierno no tenía ninguna intención de solucionar el conflicto, según informó la red de noticias Erbol.
Tuto también exhortó al nuevo presidente de Diputados, Jerges Mercado, para que actúe en favor de Santa Cruz y pidió lo mismo a las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Su propuesta era que el Congreso esté presente en la solución política del conflicto para devolver la paz y la normalidad que requería en ese momento el departamento del Oriente del país.
Tras varios intentos de la Comisión de Constitución, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, a lo que Morales se refirió como una megacoalición y democracia pactada que consiste en la violación de Derechos Humanos, corrupción, retorno del modelo neoliberal y repartición de cargos.
Ante este escenario, Morales también pidió la detención y procesamiento de Fernando Camacho, por delitos de flagrancia durante el paro cívico, y en caso de que esa solicitud no proceda, el líder del MAS afirmó que quedará comprobado que hay un acuerdo con el Gobierno, que presiona al Legislativo para premiarlo con una ley.
La Ley del Censo aún debe ser revisada por el Senado, donde el legislador del ala evista, Leonardo Loza, anticipó que la rechazaría. El rápido tratamiento en la Cámara Baja fue para que se levante el paro en Santa Cruz que duró 36 días, no obstante, aún se espera la promulgación de la normativa.
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