El Gobierno tiene un plazo de 72 horas, impuesto por los comités cívicos de toda Bolivia, para aceptar la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023; caso contrario, desde lunes 7 de noviembre iniciará un paro en todo el territorio nacional.
En el pronunciamiento suscrito por cívicos de ocho regiones se afirmó que el Presidente del Estado, Luis Arce Catacora, permitió que se desate la violencia en Santa Cruz; además, catalogaron como genocida el cerco que instalaron en esa región los grupos que están de acuerdo con la postura del Gobierno.
También denunciaron una campaña de amenazas contra la libertad, además de la integridad física y psicológica del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, del Gobernador, Luis Fernando Camacho, entre otras autoridades y ciudadanos.
Tomando en cuenta la coyuntura del país, los cívicos impusieron el plazo de 72 horas para que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 4760, con el que se dispuso la realización de la encuesta poblacional el 2024; además, pidieron que se fije una fecha en 2023 para este cometido, mediante una mesa técnica con todos los involucrados.
Finalmente, exigieron el levantamiento inmediato del Cerco a Santa Cruz de la Sierra, también el cese de la represión política y al persecución judicial a las que están siendo sometidos los dirigentes cívicos e institucionales, según informó la red de noticias Erbol.
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