Tras que un juez determinó que Jeanine Añez no tiene el privilegio de juicio de responsabilidades, el abogado de la exmandataria, Alaín de Canedo, afirmó en pasadas horas que en última instancia llevarán el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que “tarde o temprano” el Estado deberá pagar una indemnización millonaria.
El jurista se pronunció después de que el juez Heber Torrejón consideró que Añez no asumió la presidencia de manera constitucional y que, según su criterio, un juicio de responsabilidades sólo corresponde a presidentes constitucionales.
De Canedo criticó la decisión y criterio del juez, puesto que el artículo 184 de la Constitución Política del Estado señala que un Presidente debe ser juzgado en el Tribunal Supremo de Justicia previa aprobación del Legislativo, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Como ejemplo hipotético, el jurista mencionó que incluso en el “absurdo” caso de que Añez hubiese sido Presidente “de facto” (cosa que no podría determinar el juez) y aunque hubiese cometido un delito flagrante, igual le correspondería un juicio de responsabilidades.
Señaló que incluso a Luis García Meza, que era un dictador, no se le negó el derecho de juicio de responsabilidades. Consideró que el juez Torrejón borró de un “plumazo” 200 años de historia jurídica de Bolivia, donde hubo 20 juicios de este tipo.
El abogado de Añez manifestó que, agotando los recursos internos, se prevé llevar este tema al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde sólo se tendría que probar la vulneración al artículo 184 de la Constitución para tener un fallo a favor de la exmandataria.
Reconoció el tiempo largo que podría tardar este procedimiento y recordó, por ejemplo, que en el caso Hotel Las Américas recién la CIDH emitió un informe de fondo sobre un hecho de 2009, pero enfatizó que, aunque tarde, el Estado tendrá que pagar una indemnización a Añez o sus descendientes.
“Tarde o temprano, tal vez no sea yo, tal vez se obviamente otra persona, pero tarde o temprano esto va a repercutir obviamente en una indemnización millonaria, en una penalidad hacia el Estado”, manifestó De Canedo a Erbol.
Además, aseveró que, sobre todo, con esa decisión se afectará la imagen del país y establecerá que no existe Estado de Derecho.
El jurista también explicó que una vez se pague la indemnización, el Estado podrá realizar la acción de repetición, es decir, procesar a los funcionarios que provocaron esa pérdida económica para que la resarzan.
Indicó que en este caso estarían involucrados jueces, fiscales, administrativos y todos lo que tuvieron que ver con la violación de derechos de la exmandataria.
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