El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya se reunió este jueves con el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa en la ciudad de Sucre, con el objetivo de fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional. Ambas autoridades acordaron instalar mesas de trabajo para el análisis y seguimiento de temas comunes en la defensa de los derechos humanos.
“Hemos hecho una visita al Fiscal General con la finalidad de coordinar algunos temas. Tenemos puntos en común como el seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones del GIEI, la comisión de tortura y varios temas importantes, particularmente, los procesos vinculados a la violencia contra las mujeres”, señaló Callisaya, a los medios de comunicación tras la reunión en la Fiscalía General.
Además, el Defensor encara un proceso de relacionamiento con las instituciones públicas y privadas vinculadas a la defensa de los derechos humanos con la intención de coordinar y mejorar la atención de casos de denuncias de vulneraciones.
La autoridad defensorial informó también que en el encuentro con el Fiscal General se acordó la conformación de mesas de trabajo interinstitucional.
“Inicialmente, estamos intercambiando criterios y hemos quedado en generar mesas de trabajo que nos van a permitir primero, intercambiar información, y segundo, ver el alcance de las recomendaciones de los informes defensoriales, como por ejemplo sobre el IDIF. También abordaremos el cumplimiento de las recomendaciones de instancias internacionales”, complementó
Una de las mesas de trabajo estará relacionada a la lucha contra la violencia, para unificar esfuerzos a fin de garantizar a las mujeres el derecho a no sufrir violencia. Por ejemplo, se trabajará en el fortalecimiento de capacidades de los fiscales respecto a la implementación de medidas de protección a mujeres, relacionadas con el cumplimiento del artículo 31 de la Ley 348, sobre la rehabilitación de agresores.
Asimismo, preocupa a la institución defensorial, que las fiscalías departamentales garanticen la aplicación de medidas de protección en casos de violencia hacia las mujeres.
Otra de las mesas de trabajo estará referida a la situación de los Institutos de Investigación Forense (IDIF), que según un informe defensorial, no garantizan el acceso a la justicia, debido a que la mayoría no cuenta con ambientes suficientes o requieren refacción o mejoras, y les faltan laboratorios toxicológicos.
Para la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado debe implementar un plan de mejora a las condiciones físicas, equipamiento e insumos para el adecuado funcionamiento de estas oficinas.
También se realizará de manera conjunta el seguimiento a las recomendaciones del GIEI, referidas a asegurar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación, mediante investigaciones, efectivas, exhaustivas, diligentes, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que la Fiscalía General debe implementar una estrategia de priorización del procesamiento de las causas penales investigadas ante los hechos de los conflictos poselectorales, en particular los referidos de las Masacres de Senkata, Sacaba y de aquellos en los que se afectó la vida.
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