Respecto a las funciones de la Gestora Pública y las susceptibilidades que provocó, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), enfatizó en que el derecho a la jubilación está garantizado y que los servicios de la seguridad social pública no pueden ser privatizados, según emitió en un comunicado difundido este lunes.
Además, precisaron que la administración de los fondos de pensiones en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, es independiente, pues esos recursos son un patrimonio autónomo de la entidad que los administra, y solo pueden disponerse según la Ley 065 de Pensiones.
Debido a los reclamos de distintos sectores y su preocupación respecto al futuro de sus aportes para la jubilación, la APS enfatizó en su comunicado que los fondos de pensiones les pertenecen a los asegurados bolivianos, y que están destinados exclusivamente al pago de prestaciones y pensiones que otorga el Sistema Integral de Pensiones.
La preocupación de la gente también movilizó a la Central Obrera Boliviana (COB), que anunció hoy procesos de socialización para dar a conocer el proceso de transición de la Gestora Pública y sus atribuciones, con el fin de terminar con la desinformación que, según su perspectiva, motivaron algunos dirigentes.
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