La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó la apelación a la detención preventiva del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, y ratificó que continúe en el penal de San Pedro, mientras duran las investigaciones por la quema del mercado ilegal de coca en Villa El Carmen liderado por Arnold Alanez.
“Hemos estado en calidad de veedores dentro la audiencia de apelación de Freddy Mahicado en la cual las acciones presentadas por su defensa han sido declaradas improcedentes, entonces, se estaría confirmando la detención preventiva en la cárcel de San Pedro”, señaló la abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Carmen Arista.
Machicado fue enviado a la cárcel con detención preventiva por la quema y destrucción del mercado ilegal de coca instalado por el aliado del Movimiento Al Socialismo, Arnold Alanez.
El Gobierno pese a que la Ley General de la Coca permite solo el funcionamiento de dos mercados, no ha ordenado a Alanez a cerrar ese centro de abasto ubicado en la zona de Villa El Carmen.
Los abogados de la APDH se constituyeron en defensa de los tres dirigentes cocaleros que guardan detención en el mismo centro penitenciario. Según la abogada, en la audiencia de Freddy Machicado, la jueza dio la razón a su colega que envió a la cárcel al dirigente cocalero y no observó que se cometieron arbitrariedades e ilegalidades en el momento de la aprehensión.
“La juez dijo que podía influir negativamente sobre los partícipes en el caso, que era un riesgo inminente para la sociedad. También se expuso que Machicado no tendría un domicilio, un trabajo y un arraigo natural, es decir, le generan riesgos procesales para simplemente tenerlo detenido y ahora la Sala Penal Segunda confirmó sin entrar al fondo de todas las vulneraciones de derechos que existió en la detención del dirigente imputado por 15 delitos”, detalló la jurista.
Arista señaló que, a diferencia de la juez que dio procedente la acción de libertad del dirigente César Apaza quien valoró la vulneración de los derechos del dirigente e incluso exhortó la capacitación a los efectivos policiales para las detenciones, otras autoridades de justicia no estarían actuando de la misma manera ni tomando en cuenta las denuncias que hacen los abogados.
“Una de las irregularidades más fuertes con las que contamos es la no individualización del hecho, es decir, se presume que estaba él (el pasado 8 de septiembre cuando se incendió el mercado ilegal) pero no se lo identifica como la norma penal establece. No se identifica ¿Qué habría hecho? ¿Cómo lo habría hecho y en qué momento? Solo se basan en decir que se presume”, cuestionó la abogada.
La defensa también aseveró que la APDH sostiene que el objetivo para cometer estos excesos y abusos es descabezar la dirigencia del sector cocalero para imponer un mercado ilegal que no está reconocido.
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