Luego que se filtrara el informe sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el expresidente Evo Morales, acusó en horas precedentes a los operadores del «plan negro» de pretender direccionar en su contra las acusaciones del caso de Terrorismo y Separatismo, tras el fracaso de las cartas falsificadas, en relación a las denuncias de que un narcotraficante había contribuido en su campaña electoral.
«Denuncio ante mi pueblo y militantes del MAS_IPSP que operadores del plan negro, al ver que fracasó investigación y acusación con cartas falsificadas para proscribir al MAS-IPSP y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar el caso Terrorismo Separatista en nuestra contra», señaló Morales en su cuenta de Twitter.
El «plan negro» al que se refiere el exmandatario, de acuerdo a sus denuncias, se ha gestado al interior del Gobierno de Luis Arce, específicamente apuntó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, para desprestigiarlo.
El fin de semana se filtró el informe de fondo de la CIDH, en el que señala que durante el Gobierno de Morales (2009), se ordenaron ejecuciones extrajudiciales en el caso denominado terrorismo.
Fue un episodio protagonizado por la Policía Boliviana el 16 de abril de 2009, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En la operación murieron tres extranjeros provenientes de Europa; la Policía los identificó como terroristas mercenarios; y dos personas más fueron detenidas.
De acuerdo con la Policía boliviana, estas personas planeaban asesinar al entonces Presidente de Bolivia Evo Morales y a su Vicepresidente Álvaro García Linera.
Como resultado de esa intervención murieron, Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer; y fueron detenidos Elöd Tóásó y Mario Tadic.
El informe, recomienda que se inicien juicios contra los responsables de este caso, es decir, a aquellas personas que hubieran participado en la toma de decisiones, pero también en la ejecución de las mismas.
El proceso duró casi una década, en medio de serias observaciones a la investigación, incluso se denunció situaciones de extorsión atribuidas al exfiscal Marcelo Sosa. El 2020, el caso se cerró.
«En el gobierno de facto, el ahora prófugo Arturo Murillo gestionó el cierre de este caso pese a la existencia de separatistas, confesos y sentenciados. Lamento mucho que algunos tratan de concluir el trabajo sucio de Murillo para intentar involucrarnos. No tenemos ningún miedo. Es obligación moral, política y legal defender la unidad de la Patria», aseveró Morales.
El informe generó un remezón en el ambiente político, particularmente entre legisladores del MAS y opositores. Unos dicen que no se conoce el informe completo del organismo, mientras que otros señalan que se debe iniciar procesos contra Morales y exautoridades implicadas.
Además, el expresidente manifestó que en un determinado momento revelará cómo y quiénes promovieron la utilización del caso terrorismo para defenestrarlo políticamente.
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