Los casos de judicialización o criminalización a periodistas en el país entre 2020 y 2022, son 17, de acuerdo con el seguimiento del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas. Los casos más recientes son del periodista de radio Frontera de Yacuiba, Roberto Puma, y de Javier Colque, en Cochabamba.
Respecto al caso de Puma, la demanda fue efectuada por el alcalde de Yacuiba, Carlos Brú; en la que el Juzgado de Sentencia Penal Segundo pidió al periodista Puma revelar las fuentes de una información que brindó sobre el desayuno escolar y los malestares que provocó a niños y niñas.
Ante la situación, la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Comunicación se pronunciaron rechazando el caso, por atentar contra la Ley de Imprenta; por lo cual el 12 de septiembre, Brú decidió retirar el requerimiento judicial.
Por otro lado, en días precedentes se conoció el caso del periodista Colque, quien fue citado a declarar como testigo de los sucesos violentos del 15 de noviembre de 2019 en la localidad de Huayllani; además fue advertido con ser aprehendido, por lo que el profesional, junto a gremios periodísticos demandaron la aplicación de la Ley de Imprenta.
Casos de 2022
Este año se reportó el 27 de julio, que la periodista Yolanda Barrientos de Sucre fue citada a declarar ante la Fiscalía en el caso de la quema el Tribunal Electoral Departamental (TED) durante la crisis de 2019.
Asimismo, en agosto se conoció que el periodista Ignacio Titiboco de Trinidad enfrenta cinco procesos judiciales por supuesta difamación, injuria y calumnia; dos de los cuales fueron presentados por el Senasag, una por el vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, Roberto Ismael Nacif Suaréz; otra por el alcalde de Trinidad, Christian Cámara, y por la concejal del Movimiento Tercer Sistema, Aleida Barbosa.
En estos casos, también fue involucrado el presentador Pablo Llanos, y los periodistas Adriana G. y Andrés R., quienes enfrentan un proceso judicial por supuestas irregularidades durante su labor en Bolivia TV en 2019.
Casos en 2021
De acuerdo con Unitas, en 2021 se registraron tres casos de judicialización o criminalización contra periodistas, uno de ellos reportado el 22 de septiembre de ese año, e involucra al periodista Carlos Quisbert de Página Siete, quien fue atropellado, golpeado, enmanillado, gasificado y detenido por la Policía cuando cubría el conflicto de Adepcoca en la zona de Villa Fátima.
En tanto, el 30 de noviembre, el presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, denunció que la Policía lo intentó notificar con una citación para que declare en un proceso abierto en la Fiscalía.
Este caso sucedió luego que el periodista junto a sus colegas, descubrieran al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali, encabezando grupos de choque en contra del paro que se convocó para el 8 de noviembre de 2021.
Otro caso de judicialización fue registrado el 30 de noviembre de 2021, cuando el periodista del diario El Deber, Guider Arancibia, fue citado por la Fiscalía para que declare por revelar la procedencia de dos camionetas utilizadas por grupos de encapuchados, los cuales durante el paro multisectorial recorrieron la ciudad de Santa Cruz agrediendo a ciudadanos que bloqueaban las vías.
Casos en 2020
El 18 de octubre de 2020 en Tarija, se reportó que las periodistas Sonia Sánchez y Bertha Portal Pimentel de radio La Voz del Campesino fueron arrestadas por cuatro horas en dependencias policiales, durante su cobertura de las elecciones generales.
Otro caso involucra al periodista Landert M. de radio Kawsachun Coca del trópico cochabambino, cuando el 17 de abril de 2020 fue imputado por presuntos delitos contra la salud pública y uso indebido de bienes del Estado, argumentando que transitó sin un permiso de circulación y arriesgó la salud de personas al organizar una concentración.
Principios del periodismo
El Observatorio afirmó que la libertad de expresión es un derecho humano que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
“El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por ende, la libertad de prensa, como la facultad de difundir de forma libre toda información y opinión en los diversos medios de comunicación, constituye un pilar fundamental de la materialización y fortalecimiento de la democracia en todo Estado de derecho”, aseguró Unitas.
El ente resaltó que el preámbulo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que la libertad de prensa es esencial para el ejercicio de la libertad de expresión.
Finalmente, el Observatorio sostiene que la confidencialidad constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público.
De acuerdo con el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece que: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, por lo que los trabajadores de prensa tienen derecho a negarse a revelar las fuentes de información y resultados de investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales.
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