Tras el anuncio de procesos penales contra los cocaleros por la toma del mercado ilegal de Villa El Carmen, en la ciudad de La Paz, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, advirtió en horas precedentes que esas acciones solo agudizarán el conflicto con el Gobierno.
“Los anuncios de procesos penales alborotarían más a la sociedad y a nuestros hermanos cocaleros, en este momento estamos buscando la calma. En caso de que la justicia y el Gobierno actúen de esa forma, hay una población que está dispuesta a salir a la ciudad de La Paz y en este caso sería contraproducente”, señaló el dirigente cocalero en contacto con la ANF.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó en horas precedentes que junto a la comisión de fiscales están analizando las acciones legales que asumirán contra los cocaleros por la toma violenta de la sede del mercado ilegal de coca.
Para el dirigente cocalero, el primero que debe ser convocado por el Ministerio Público es el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, porque no solucionó el conflicto oportunamente y permitió que el mercado paralelo continúe funcionando.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló recientemente que espera que el Ministerio Público asuma acciones sobre la toma violenta del mercado de coca.
“Hemos visto que ha habido grande daño económico para el departamento de La Paz, esperemos que la Fiscalía pueda realizar las acciones correspondientes y los productores de coca puedan resolver sus diferencias mediante el diálogo, la paz y no así la violencia”, afirmó la autoridad en la ciudad de Santa Cruz a los medios de comunicación.
El jueves, tras una marcha de cinco días desde el municipio de Chulumani y Yolosita, los afiliados a la Adepcoca tomaron y quemaron de forma violenta el mercado de coca que funcionaba fuera de norma.
Los cocaleros que se movilizaron defienden al mercado de Villa Fátima como el único legal reconocido por la Ley 906, y rechazaron el que abrió Arnold Alanez en Villa El Carmen, porque consideran que era ilegal y protegido por el Gobierno debido a una afinidad política.
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