Los chilenos acuden a las urnas este domingo para decidir si aprueban o rechazan una nueva Constitución que, según sus promotore, procura más justicia social y reformas institucionales como se reclamó en las calles de esa región.
En varias partes de ese país existen largas filas en mesas de votación desde las 08:00 horas de la mañana de este domingo, en un plebiscito que la Constitución definirá si se instaura o no una nueva carta magna.
El Presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, fue uno de los primeros en ir a votar junto a su padre y hermano en Punta Arenas, ciudad en el extremo austral del país frente al Estrecho de Magallanes.
«En Chile nuestras diferencias las resolvemos con más democracia, nunca con menos. Estoy profundamente orgulloso de que hayamos llegado hasta aquí», escribió el mandatario en su cuenta Twitter.
La opción del «Rechazo» a la nueva Constitución lidera todas las encuestas desde hace más de un mes, pero la campaña del «Apruebo» movilizó multitudes sobre todo en Santiago, impulsando la ilusión de un triunfo.
Los actos de cierre de campaña se realizaron el jueves precedente en la capital de este país en el que asistieron casi 20 millones de habitantes. La fiesta callejera del «Apruebo» convocó entre 250.000 y 500.000 personas, según los organizadores, mientras el acto de cierre del «Rechazo» consistió en un evento de no más de 400 personas en un anfiteatro de Santiago.
«Se confirma lo que se ve en las encuestas, de que la ventaja del ‘Apruebo’ en Santiago va a ser muy importante sobre el rechazo», señaló la socióloga Marta Lagos, fundadora de la encuestadora Mori.
Lagos, agregó que eso no significa que el ‘Apruebo’ vaya a ganar pues se tiene mucha desventaja en el Sur y en Norte de Chile zonas que sufren violencia e inseguridad.
En el Sur hay conflictos sobre tierras que reclaman grupos de indígenas Mapuche, en el Norte se produce un incesante ingreso de inmigrantes sin papeles que viven en las calles y que generó la aparición de mafias de traficantes de personas y delitos violentos.
Según AFP, las personas de estas zonas van más por el rechazo porque creen que es el mejor camino, ya que el cambio propuesto no es el esperado.
«Tienen para comer, tienen trabajo y piensan que eso lo van a perder», indicó Alfredo Tolosa, un trabajador de 47 años de una maderera en Tucapel, una localidad de 13.000 habitantes la región del Biobío (Sur).
Asimismo, por primera vez la asistencia a las urnas será obligatoria de lo contrario se pagará una multa máxima de 180.000 pesos (unos 200 dólares).
Expertos esperan la participación de más de 11 millones de personas, muy por encima de los 8.3 millones que votaron en diciembre, cuando el izquierdista Gabriel Boric ganó la elección presidencial, en lo que ya se anticipó como una «revolución participativa».
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