La Justicia del Perú debe determinar este domingo si envía o no a prisión preventiva por 36 meses a la cuñada del Presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, acusada por la Fiscalía de ser parte de una supuesta red de corrupción dirigida desde el palacio de Gobierno en ese país.
El magistrado Johnny Gómez Balboa resolverá si acoge o desestima el pedido de prisión contra la cuñada de Castillo por formar parte de una supuesta red liderada por el mandatario izquierdista para adjudicar en forma irregular contratos de obras públicas, según la Fiscalía.
El fiscal del caso, Jorge García Juárez, esperaba una decisión hace un par de días, pero el juez se tardó más tiempo argumentando que se trata de «un caso complejo».
Yenifer arriesga una condena de 23 años de prisión. La última semana compareció dos veces ante el juez, en forma presencial y virtual, al comenzar una maratón de audiencias judiciales de Castillo y su familia.
Asimismo, el lunes 5 de septiembre el Presidente debe comparecer ante la Fiscalía y su esposa, Lilia Paredes, ante un juez, el mismo negó que su familia haya cometido delitos y dijo ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
La autoridad afirmó, que su esposa y su cuñada «van a demostrar que no robaron un centavo al Perú».
Castillo está citado a la Fiscalía para responder por la abrupta salida, el 20 de julio, del ministro del Interior, Mariano González, quien se mantuvo apenas dos semanas en su cargo.
También será interrogado sobre un supuesto tráfico de influencias en la petrolera estatal PetroPerú.
ANTECEDENTES
Yenifer Paredes, de 26 años permanece en prisión preliminar en un cuartel policial en Lima desde el 10 de agosto, un día después de que el Palacio de Gobierno fuera allanado por fiscales y policías, una situación inédita en el país, con el fin de arrestarla.
Castillo reemplazó el sábado precedente a tres miembros de la cúpula de la Policía del Perú, incluido su comandante general, lo que fue interpretado por políticos opositores como represalia por el allanamiento, calificado de «ilegal» por el mandatario.
Busca, además, destituir al coronel Harvey Colchado, quien dirigió el allanamiento, por considerar que «vulneró» la inmunidad presidencial.
Por su parte, el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, afirmó que el gobierno está de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, pero deben hacerse «con objetividad, no con ánimo de persecución».
De 52 años, el Presidente declaró dos veces en la Fiscalía, la primera vez el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y una segunda ocasión el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.
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