Una pena de 12 años de cárcel junto a una inhabilitación política perpetua, pidió este lunes el fiscal argentino Diego Luciani, para la vicepresidente de ese país Cristina Fernández de Kirchner, tras nueve días de lectura de alegatos, por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria en 2007 hasta 2015. La acusación es considerada por sus seguidores como persecución.
Por su parte la vicepresidente respondió al fiscal desde sus redes sociales, luego que el Tribunal le negara la posibilidad de ampliar el martes su declaración, como había solicitado.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa”, escribió en Twitter.
Luego de conocerse el pedido de condena emitido por el fiscal Diego Luciani, la presidencia de igual manera se pronunció a través de un comunicado de repudio.
“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, suscribe el texto.
En el pronunciamiento también sostiene que ninguno de los actos atribuidos a la expresidente fue probado y toda la acusación en su contra requiere únicamente a la función que ejercía en ese periodo.
Fernández de Kirchner que tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidente del país y presidente del Senado, es acusada desde el 2019 por supuestamente ser la jefa de una asociación ilícita creada para extraer fondos del Estado Nacional “desde la cúpula del poder” junto a otras 12 personas para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
Esta última audiencia de alegatos de la acusación fue instalada en la mañana por el fiscal Sergio Mola, quien repasó los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos.
En la sesión, desarrollada de manera remota, Mola consideró que los acusados “trazaron un plan” que buscaba defraudar al Estado mediante “la discrecionalidad en la utilización de los fondos”.
“Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró el fiscal en su alegato final.
La causa abarca también el periodo de Gobierno anterior de 2003-2007, cuando fue Presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
DERECHO DE PALABRA
Fernández, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, según escribió en Twitter.
Al respecto, Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, explicó que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su “derecho a una defensa legítima en juicio”, pese a que la etapa indagatoria ya terminó.
“Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública”, declaró el abogado.
Anteriormente, la vicepresidente había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Se estima que la sentencia de este caso se decida a fin de año.
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