Tras el paro de 48 horas anunciado por el comité interinstitucional del departamento de Santa Cruz en demanda del Censo para junio de 2023, el Gobierno condenó este domingo el paro bajo el argumento de que generará pérdidas económicas diarias de al menos 32 millones de dólares y anunció el uso de maquinaria pesada para despejar vías.
“Tenemos que decir que en Santa Cruz es de 32 millones de dólares, redondeando a 33 millones de dólares por día no trabajado, y de seguro compartirán sectores productivos que no es el momento de hacer este tipo de paros, es una época importante en el agro”, afirmó el ministro de Economía Marcelo Montenegro.
El funcionario del Gobierno exhortó a las autoridades cívicas a deponer sus actitudes y construir.
“Los paros lo que hacen es destruir la actividad económica (…). Santa Cruz quiere seguir trabajando, aquí están los gremialistas, organizaciones sociales que dicen no al paro”, señaló.
Por su parte, el ministro de Obras Pública, Edgar Montaño, acompañado por grupos afines al oficialismo, advirtió que sacará maquinaria pesada para “limpiar basura y escombros” que dejen los bloqueadores y aseguró que hará cumplir la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, no se pronunció cuando grupos denominados “interculturales” del occidente se bloquearon por varios días, carreteras troncales en el departamento de Santa Cruz, exigiendo la titulación de tierras.
La autodenominada «Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Roboré», estuvo en movilizaciones exigiendo la titulación de tierras fiscales.
PUEBLO GUARAYÚ EN EMERGENCIA
La Nación y Pueblo Guarayú, hizo conocer de manera pública que determinó desbloquear su territorio de las invasiones y avasallamientos de campesinos afines al Gobierno. Situación similar sucede en la Chiquitanía.
“Las 34 naciones y pueblos indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia, hacen suyas estas acciones y advierten al Gobierno y a los avasalladores a deponer las actitudes de invadir los territorios indígenas en todo el territorio nacional”, señala parte del pronunciamiento.
Los afectados denunciaron al Gobierno de Luis Arce Catacora, parlamentarios del oficialismo y los colonizadores mal llamados “interculturales”, por pretender cambiar la Reserva Forestal del Polígono tres, para asentar a sus militantes en el Territorio Indígena Guarayú.
/NVY
