Después de casi seis años del denominado caso Katanas, el Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz dictará este miércoles una sentencia condenatoria contra seis de los diez acusados por el delito de trata de personas entre ellos Marco C., dueño de cuatro centros nocturnos en La Paz y Santa cruz.
Por su parte, la abogada Paola Barriga, denunció que el Ministerio Público busca una pena de diez años, pero las víctimas solicitarán una sentencia mayor a 15 años de cárcel para los responsables. Espera que el Tribunal obre con justicia.
“A casi seis años por fin terminará este caso que causa mucha indignación por la manera en la que investigó la Fiscalía y solo se acusó por los delitos de trata de personas, incumplimiento de deberes y complicidad cuando debía investigarse también por los delitos de violación, tortura y secuestro entre otros”, declaró Barriga la anterior jornada a la ANF.
Según el criterio de la jurista, los acusados por delito de violación deberían haber recibido una pena de 25 a 30 años de prisión, mientras que el delito de trata de personas solo tiene una pena de 10 años, el cual además consideró como una aberración.
En septiembre de 2016 Marco C., dueño del local Katanas, fue encarcelado preventivamente en el penal de San Pedro tras ser acusado por su hija, Nohemy, de explotar laboral y sexualmente a varias mujeres provenientes de Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil.
El 1 de octubre de ese mismo año el club nocturno Katanas terminó en escombros por una disposición judicial que ordenó su demolición, días antes se realizó la inspección ocular en el lugar donde la Fiscalía logró evidenciar que existían pasillos oscuros sin salida y paredes falsas donde escondían a las señoritas.
Por otro lado, Barriga denunció que durante todo el proceso investigativo y de juicio oral que el Ministerio Publico no investigó correctamente y trató de proteger a los principales autores, además detalló que se probó mediante audios que Marco C. tenía nexos con el responsable de la Unidad Policial de Apoyo y Control Migratorio (Upacom) coronel Freddy B., quien hacia ingresar al país a las jóvenes enviando camionetas para que hagan el resguardo en las fronteras.
“Es indignante que policías que están en la obligación y el deber de cuidarnos sean parte de esta red de trata de personas y que atenidos a su uniforme hayan atemorizado a las víctimas, les hayan robado sus documentos y cometido el delito de secuestro”, denunció.
Asimismo, explicó que durante el proceso dos policías de bajo rango y un administrador se sometieron a juicio abreviado y fueron sentenciados a tres y cuatro años de cárcel y salieron en libertad. Los policías eran Jacinto F. y Freddy A., quienes declararon ante el tribunal que ellos iban a cobrar dinero a exautoridades de Gobierno por el trabajo que realizaban las jóvenes.
“Durante estos años se mencionó el nombre de la exministra Nemecia Achacollo, los policías señalaron claramente que ella les pagaba por el servicio de las señoritas que llevaban a las reuniones en el que se encontraba el señor Evo Morales. Hechos como estos ya fueron develados en un juicio público y yo denuncié en su momento para que se investigue y se inicien otras investigaciones, pero nadie me hizo caso”, sostuvo.
Con respecto a Marco C., manifestó que fue identificado por las víctimas quienes declararon en cámara Gesell de la Fiscalía y relataron que fueron torturadas, violadas y maltratadas; sin embargo, ahora solo se está pidiendo diez años de cárcel.
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