Se planteó la necesidad de que el manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena, sean transferidos nuevamente a los pueblos originarios y dejar de depender de los municipios, como ocurre actualmente, según la dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb),
El Fondo de Desarrollo Indígena es una dependencia estatal, la cual maneja el cinco por ciento de los recursos que se generan por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y que deben ir a un fondo para desarrollar proyectos en los pueblos indígenas y campesinos.
Esa política fue creada en 2005 y puesta en ejecución en 2009. En 2013 fue designado director, el fallecido, Marco Antonio Aramayo quien encontró irregularidades en los proyectos y los denunció.
“¿Quiénes manejan el Fondo Indígena? Son los alcaldes, no las organizaciones sociales. Nosotros como organizaciones queremos hacer llegar la propuesta al hermano Presidente (Luis Arce), como dijo el ejecutivo de Chuquisaca, que vuelva a las manos de las organizaciones sociales el Fondo Indígena, bajo un reglamento”, manifestó el ejecutivo campesino Eber Rojas durante el “Primer Encuentro Plurinacional, rumbo a la Década Productiva e Industrialización”.
En 2019, el Gobierno dispuso que ese dinero no podía revertirse al Estado porque pertenecía a los indígenas, cuyos dirigentes malversaron los recursos. Desde entonces, el Gobierno delegó a los municipios la ejecución de los dineros en los proyectos que pidan los campesinos e indígenas, ahora estos pretenden retomar el control de esos recursos, según reporte de la ANF.
Rojas indicó que en este momento ellos reciben apoyo de los Ministerios y de los Municipios, pero solamente apoyan el proyecto y no garantizan el mercado para sus productos, por eso, ellos plantean que el dinero sea ejecutado en las mismas comunidades acorde a sus necesidades.
“El ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras nos apoya en producción de manzana, digamos, pero qué ministerio nos va a dar mercado, tenemos que tener mercado”, argumentó el dirigente ante sus bases.
Asimismo, se calcula que en el exfondo de Desarrollo Indígena se malversó al menos 182 millones de dólares y apenas se logró recuperar la suma de 1,4 millones de dólares, pese a que las autoridades habían manifestado que este caso se debía investigar, “caiga quien caiga”.
El oficialismo asegura que las exautoridades vinculadas a este escándalo fueron detenidas, que fue la justicia la que determinó su situación y deslindó responsabilidades.
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