Tras conocerse que las esposas de los militares recibirán el subsidio prenatal y de lactancia en efectivo, la Defensoría del Pueblo pidió un proceso administrativo contra los que aprobaron esta normativa. Durante esta jornada también pidieron auditorías internas y externas realizadas por las Unidades de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, además de la Contraloría General del Estado.
En parte del comunicado, la entidad expuso su postura respecto a este hecho, y mencionó a las instancias que deberían intervenir para esclarecer el hecho.
“La Defensoría del Pueblo considera inaceptable que los subsidios prenatal y lactancia hayan sido entregados en efectivo, lo que amerita procesos administrativos a la entrega de estos subsidios a las Fuerzas Armadas (…). De acuerdo al monto de los contratos de los proveedores, también debiera intervenir el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”, se lee en una parte del pronunciamiento.
El 18 de julio, la gerente de Subsidios del Sedem, Melisa Ábalos, reveló que las esposas de los militares recibían el beneficio en dinero, pero no pudo explicar las razones. La jornada precedente, las Fuerzas Armadas anunciaron la eliminación de ese “privilegio”.
A la polémica de este trato diferenciado se sumó otra que surgió en días previos, cuando beneficiarias del subsidio prenatal y de lactancia denunciaron sobreprecio de los productos, y anunciaron movilizaciones en al menos cinco departamentos, según informó la Agencia de Noticias Fides.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo dijo que el Viceministerio de Defensa del Consumidor atendió las denuncias sin tener competencias específicas para ello, pues una de las instituciones llamadas por ley era la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss), pero no hicieron nada al respecto.
Además, el ente defensor de los Derechos Humanos recomendó que se evalúe la solicitud de las madres de acceder a los subsidios a través de la denominada billetera móvil. También exhortó al Gobierno a no escatimar esfuerzos en la investigación de las denuncias, que sancione a los responsables y evite prácticas discriminatorias en la otorgación de este beneficio.
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