Con 67 votos a favor y 15 en contra, el Estado de excepción fue prorrogado por cuarta vez en la Asamblea Legislativa de El Salvador. La medida fue aprobada la presente jornada y durará 30 días, hasta el 23 de agosto, con el fin de combatir a las pandillas del país.
En parte del decreto aprobado se remitió:
“Prolónguese en todo el territorio nacional por el término de treinta días a partir de su publicación en el Diario Oficial y en las mismas condiciones los efectos del decreto legislativo 333 de fecha 27 de marzo del presente año”.
El Gobierno de Nayib Bukele solicitó la jornada precedente al Parlamento una nueva extensión de la medida, como parte de su plan para combatir a las pandillas que ahora incluso tienen presencia en las áreas rurales del país, según informó la agencia de noticias AP.
“Hemos venido nuevamente para solicitar una nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días más. Los resultados que estamos dando como Gabinete de Seguridad están a la vista. Nos vamos a mantener firmes en las estrategias”, manifestó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El Estado de excepción se planteó por primera vez en ese país después de que el 26 de marzo se registraron 62 homicidios, un nivel de criminalidad nunca visto en El Salvador. Producto de la medida, se estipularon restricciones para la libertad de asociación, además de la suspensión del derecho a ser debidamente informado sobre las razones de un arresto.
También se limitó el derecho a la asistencia de un abogado en caso de ser detenido, y amplió de 72 horas a 15 días el tiempo de detención administrativa. En el mismo marco, se les dio a las autoridades la potestad de intervenir correspondencia y celulares de los que considere sospechosos.
Las autoridades salvadoreñas manifestaron que aún persiste la situación que motivó al régimen de excepción en primer lugar, pero que la medida está dando resultados. Desde el inicio de las restricciones, se capturaron a 46.694 personas, la mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o de colaborar con las pandillas.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denunciaron numerosas irregularidades desde la instauración del Estado de excepción, entre ellas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
/ LMPT
