Se trata de un senador, dos diputados, dos concejales, además de un funcionario que trabaja como asesor en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), todos ellos suman al menos cinco autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), que están involucradas en casos de violencia familiar y contra la mujer.
El último caso fue de un concejal oficialista del municipio de Mairana, acusado de violencia a su pareja y liberado por presión de un grupo de personas afines.
El secretario general de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, David Veizaga, afirmó que si las autoridades cometieron delitos de violencia contra la mujer deben ser sancionadas y juzgadas como corresponde en sus regiones.
“Nosotros a todas aquellas personalidades dentro del MAS que cometen un delito o están cometiendo pedimos que la justicia vaya por ellos porque somos una organización política, con un Gobierno que exige que la justicia se cumpla”, afirmó Veizaga.
El dirigente subrayó que, en estos casos, la competencia de las organizaciones sociales del MAS alcanza solamente a recomendar a las autoridades a que se haga cumplir la ley; además, sostuvo que en el caso del Legislativo nacional, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados deben ser quienes actúen y en los otros casos se deben hacer cumplir las leyes de protección a las mujeres.
Por su parte, la senadora del oficialismo Virginia Velasco anunció esta jornada que, una vez que concluya el receso parlamentario, pedirán informes para saber el avance de los casos violencia contra la mujer donde están involucrados al menos tres asambleístas nacionales del oficialismo.
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