La Gestora Pública entrará en funcionamiento en septiembre próximo tal como está reglamentado en el Decreto Supremo 4585 en un proceso que durará hasta mayo de 2023, informó este martes el gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo, Jaime Durán.
Asimismo, indicó que hasta septiembre tiene que entrar en funcionamiento de forma parcial y hasta mayo de 2023 de forma total.
Para ello, Durán indicó que el nuevo software tuvo un costo de diez millones de dólares, su ingreso en operaciones será con los nuevos aportantes y con los antiguos de forma paulatina hasta mayo del 2023.
“Esto será con el soporte virtual de internet y mediante el uso de aplicaciones tecnológicas, vamos a implementar también ciudadanía digital eso quiere decir, que le gente va a poder firmar mediante el uso del internet”, declaró, según reporte de Innovapress.
El gerente de la Gestora Pública indicó que la migración de datos se concretó hasta en un 82 por ciento de avance y actualmente se realizan las pruebas.
“Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para mejorar la rentabilidad de nuestros aportes, para ello, nuestros equipos están formados por expertos financieros, inversionistas de larga trayectoria los cuales van a poner todos sus esfuerzos para que podamos mejorar la rentabilidad y sobre esa base brindar pensiones adecuadas y razonables a nuestros beneficiarios”, añadió.
Además, recalcó que actualmente la rentabilidad de los fondos de pensiones está en un promedio del cuatro por ciento.
“Se tiene que comprender que el proceso de migración de datos es complejo, son casi 2,4 millones de asegurados y 24 años de aportes. Este proceso tuvo sus retrasos y ya solucionamos y ejecutamos un cronograma que garantiza que en septiembre de 2022 entra en funcionamiento y podremos recibir a los nuevos asegurados”, explicó.
Actualmente, la Gestora tiene 200 empleados y se prevé contratar personal técnico de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) cuando inicie su funcionamiento.
El 12 de julio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó un laudo arbitral que ordena al Estado boliviano indemnizar con 105 millones de dólares al banco español Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones, que perjudicó a la AFP Previsión.
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