El reciente laudo arbitral en contra de Bolivia por haber realizado una nacionalización defectuosa se relaciona al tema de las pensiones: el Gobierno decidió crear la Gestora Pública, que reemplazará el trabajo de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la administración de los fondos de jubilación, y hasta ahora no la pone en marcha. Sucedió en la gestión de Luis Arce cuando era ministro de Economía en la gestión de Evo Morales.
La decisión de nacionalizar las pensiones, y la posterior demora en la conclusión del plan, afectó los intereses del banco español BBVA, que es propietario de la AFP Previsión.
Ante esas tardanzas, BBVA acudió al sistema de arbitrajes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), ente que ordenó a Bolivia en recientes horas el pago de 105 millones de dólares al banco español. Es uno de los 12 fallos en los que Bolivia perdió contra empresas debido a nacionalizaciones mal efectuadas, implicando una erogación total de más de 700 millones de dólares.
Durante la defensa gubernamental, el procurador boliviano, Wilfredo Chávez no logró convencer al Ciadi de ninguno de los argumentos del Estado boliviano, lo cual avivó los pedidos de que sea removido de su cargo.
El Presidente Arce mencionó por primera vez la idea de la creación de la Gestora en 2010 y, 12 años después, sigue siendo un proyecto inacabado. Durante la extensa gestión como ministro de Economía de Evo Morales, Arce encabezó el proyecto de nacionalizar los recursos de las AFP, que pertenecen a los bolivianos, pero nunca logró concretarlo.
Arce se desempeñó como ministro de Morales en 12 de los 14 años de ese Gobierno.
El proyecto tuvo inacabables retrasos y nunca pudo superar los obstáculos a que se presentaban. Ahora supuestamente el proyecto estará listo para su aplicación en 2023.
Mal uso de recursos
Las demoras de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se suscitaron pese al presupuesto asignado de 200 millones de bolivianos.
Tras años de “idas y vueltas”, la empresa nació en 2015 con un patrimonio de 80 millones de bolivianos y en 2017 la entidad recibió 120 millones de bolivianos adicionales.
Más tarde la prensa registró la existencia de consultorías a ciertos profesionales afines al Gobierno con pagos de más de 100.000 bolivianos mensuales
Un 97 por ciento de todos los contratos que suscribió (más de un centenar) cuando estaba bajo supervisión del entonces ministro Arce fueron concretados por contratación directa.
Entre ellos estuvieron dos que ocasionaron escándalos de grandes proporciones y que se generaron por sistemas informáticos que no funcionaron: primero se adquirieron un servidor y licencias de Oracle en 14,4 millones de bolivianos, un procesador de datos adicional de 2,7 millones de bolivianos y un software especializado de la empresa panameña Sysde que nunca se entregó y tuvo un costo de 35 millones de bolivianos.
El Gobierno de transición de la expresidente Jeanine Áñez denunció que debido a que la mencionada empresa no completó los sistemas informáticos que había prometido, la Gestora, durante la gestión del Ministerio de Economía de la gestión de Evo Morales, pagó 250.000 dólares a un bufete de abogados de Panamá, que tampoco logró un resarcimiento para el Estado.
Esa sumatoria de demoras terminó hace unos días con la mala noticia para el país es la orden de que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares a BBVA.
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