Bolivia termina pagando más en arbitrajes internacionales “por la ineptitud de procuradores masistas”, afirmó este lunes el expresidente Carlos Mesa, en referencia al fallo adverso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), sobre el proceso iniciado por la empresa española Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), debido a la nacionalización de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).
Mediante su cuenta en Twitter, el también jefe de Comunidad Ciudadana (CC), criticó la defensa nacional en el litigio Internacional iniciado en 2018. El organismo internacional definió que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares al (BBVA), como indemnización por la nacionalización de sus acciones en el sistema de pensiones.
“Por la ineptitud o la corrupción de los Procuradores masistas, se generan pérdidas inaceptables que seguramente Arce va a socapar, como lo hizo el dictador prófugo Evo Morales”, señaló el opositor.
Por otro lado, Mesa comparó la situación con el caso Quiborax en el que se pagó 42.6 millones de dólares a la empresa por revocatoria de concesiones mineras.
Quiborax, era una empresa chilena que se encargaba de producir ácido bórico, agroquímicos y tenía 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni, Potosí.
“Como ocurrió con Quiborax, el Gobierno termina pagando más de lo que pedían los arbitrajes”, manifestó el expresidente en referencia a las 11 otras derrotas en procesos ante el Ciadi.
Desde la Procuraduría se informó, el reciente fin de semana, que se presentaron las pruebas “pertinentes”, y las mismas “no fueron valoradas por el mencionado tribunal”, además que las entidades competentes del Estado coordinan responsablemente las “acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales”.
ANTECEDENTES
El Estado boliviano deberá pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 105 millones de dólares como indemnización por la nacionalización de sus acciones en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), un monto que es seis veces mayor a los 15 millones de dólares que inicialmente pidió la empresa española.
Este pago fue definido en una sentencia que fue emitido el 12 de julio por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en el proceso arbitral iniciado por el banco español contra Bolivia en 2018.
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