Los diputados y concejales de Comunidad Ciudadana (CC), presentaron en la Fiscalía de Santa Cruz una denuncia penal contra el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el director interino del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Gustavo Cordero, por el delito de incumplimiento de deberes.
“La denuncia es por incumplimiento de deberes y por vulnerar la normativa (…) es en este entendido que exigimos que la Justicia actúe con imparcialidad, con independencia y sobre todo que no responda los intereses del partido de Gobierno y a los intereses de la mezquindad de quienes pretenden seguir postergando el progreso del país”, sostuvo la diputada Luisa Nayar, al presentar la denuncia penal.
El gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo 4760 que confirma la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda hasta mayo o junio de 2024.
Debido a esto surgieron varios cuestionamientos de regiones e instituciones, tal es el caso de las determinaciones de la cumbre por el Censo realizado en el departamento de Santa Cruz donde se determinó un paro el 25 de julio si no se deroga ese decreto.
La legisladora también cuestionó el endeudamiento económico que asumirán los bolivianos, se habla de dos créditos equivalentes a más de 68 millones de dólares destinados a financiar el proceso censal, pero existe la susceptibilidad de que podrían ser utilizados en la época electoral de 2025.
Entre tanto, el Gobierno propuso a Santa Cruz dialogar con el Consejo de Autonomías para la modificación del calendario censal.
El viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, al respecto manifestó que si la Gobernación de Santa Cruz quiere alguna modificación de la fecha debe dialogar con todas las instituciones que dieron su visto bueno.
Además, criticó que el gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, por su inasistencia al Consejo de Autonomías donde podía plantear sus preocupaciones.
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